La Xunta reclama al Gobierno más fondos para aplicar la ley de eficiencia de la Justicia

La Voz SANTIAGO

GALICIA

En una comisión mixta que copresidió con el titular del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, el conselleiro Diego Calvo lamentó que no haya un análisis de costes

23 ene 2025 . Actualizado a las 14:39 h.

El conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, lamentó hoy jueves que el Gobierno central no hiciese un análisis de los costes de implantación de la nueva ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, aprobada el pasado 3 de enero. Calvo criticó que la norma no vaya aparejada de dotación presupuestaria y se carguen los costes a las comunidades.

El titular de Xustiza hizo esas valoraciones durante la reunión de la Comisión Mixta de Justicia entre la Xunta y el TSXG, que presidió junto con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde.

Durante el encuentro se evaluó el proceso para implantar el nuevo modelo organizativo en Galicia. Pese a las citadas deficiencias económicas, el Gobierno gallego explicó que ya se está trabajando en el desarrollo de la oficina judicial. Los juzgados unipersonales pasan a llamarse tribunales de instancia y los de paz serán oficinas de justicia. En el último caso se modifica también su estructura, ya que las oficinas judiciales colaboran con los tribunales de instancia del partido judicial al que pertenecen, explicaron desde el Ejecutivo autonómico.

La medida debe aplicarse antes del 1 de julio en todos los partidos judiciales salvo los de ciudades y capitales, que tienen hasta el 31 de diciembre.

Además, en el orden del día se recoge la creación de más de 20 plazas de funcionario de las Administración de Justicia en los juzgados actuales.

La Xunta recordó que tiene un presupuesto de 850.000 euros en gastos de personal para más de 20 funcionarios previstos para las tres unidades judiciales que de media concede el Gobierno cada años. Sin embargo, por la falta de presupuestos estatales este ejercicio ha comenzado sin nuevas unidades. Por tanto no se ha podido materializar la petición de dar prioridad a un juzgado de Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de Santiago, que la Xunta planteó hace un año al Gobierno central.