El sistema estatal tiene más de treinta años y no sirve para atender las pautas de movilidad actuales. La CNMC apuesta por liberalizar frente al monopolio de las concesiones
17 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apremia al Gobierno y a las comunidades autónomas para modificar de forma radical el actual sistema concesional del transporte colectivo por carretera, el más utilizado por los españoles al suponer el 52 % de los trayectos interurbanos, por lo que, recuerdan, es «una importante herramienta de cohesión al conectar áreas de escasa densidad de población que no disponen de otras alternativas de transporte, y de cohesión social, al contribuir a la movilidad de los usuarios de rentas más bajas».
En una evaluación de las recomendaciones que la propia CNMC emitió en junio del 2022 en un estudio sobre el sector, la principal conclusión es que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas aludidas —no es el caso de Galicia, que cambió su modelo hace cinco años— han tomado nota de sus consejos o lo han hecho de forma «muy limitada». Aunque el Gobierno tiene desde hace más de dos años un plan para reformar el actual modelo, creando rutas más rápidas a base de suprimir paradas en áreas rurales, lo cierto es que aún no lo ha implementado. Y el sistema sigue como en el siglo pasado: las empresas privadas de autobuses prestan el servicio en régimen de monopolio tras la obtención de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.
El nuevo modelo concesional no introduce cambios relevantes en estos axiomas, y el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, se declaró contrario a liberalizar determinadas líneas, que es una de las propuestas clave del organismo regulador, que plantea la libre competencia en trayectos superiores a los 100 kilómetros. También se proponía la mejora de los pliegos de licitación y fórmulas para reducir las ineficiencias del actual modelo. Esta resistencia a implementar estas medidas —aplicadas con éxito en otros países, pues lograron reducir los precios de los billetes— supone, en opinión de la CNMC, «un coste de oportunidad relevante para los consumidores».
Todo indica que el proceso para modificar un sistema totalmente caduco estará vinculado a la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que se encuentra en el Congreso en fase de ampliación de enmiendas. Esta normativa introduce algunos cambios interesantes, como la posibilidad limitada de liberalizar determinadas rutas imponiendo unas ciertas condiciones a los que las exploten, aunque esta fórmula deberá ser desarrollada en un reglamento.
Supresión de paradas
La disposición transitoria segunda de la ley que está siendo tramitada prevé la aprobación de un nuevo mapa concesional cuyo borrador se presentó hace dos años a las comunidades autónomas. La CNMC explica que ese nuevo modelo «tendría como objetivo atender mejor las nuevas necesidades de movilidad». También está en el artículo 49 de la ley que serán las comunidades autónomas las que asuman los tráficos que dejen de prestar las rutas estatales para reducir paradas. En Galicia van a ser 23, con la oposición frontal de la Xunta, que pide negociar este modelo y una compensación económica por las rutas que deberá asumir. No obstante, la tramitación parlamentaria de la ley puede modificar algunas de estas previsiones.
El proceso es largo. Después de la aprobación del nuevo mapa de rutas, aún habrá dos años de plazo para adjudicar las nuevas concesiones. En este período de tiempo, según la CNMC, las comunidades autónomas «tendrán que haber asumido aquellas rutas que previamente hubieran estado atendidas por contratos estatales». Esta supresión de paradas para recortar tiempos en las rutas no es cuestionada por el organismo regulador, pese a la polémica suscitada en los territorios más castigados por la medida, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia.
En lo que sí insiste la CNMC es en liberalizar las rutas de más de cien kilómetros, un modelo para el que sería necesario un organismo regulador independiente, promover la competitividad de los operadores de menor tamaño y reevaluar qué conexiones deben ser consideradas obligaciones de servicio público. El objetivo es reducir el precio medio del billete, como sucedió en el caso de la liberalización de la alta velocidad ferroviaria. En los países con rutas de autobús en libre competencia bajaron sensiblemente las tarifas, mientras que España sigue con los precios más caros en comparación con la mayoría de los países europeos. Ahora, con las bonificaciones, el uso del bus ha aumentado un promedio del 26 %.