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El Parlamento gallego vuelve a pedir el traspaso de la AP-9 por unanimidad tras 39 bloqueos en el Congreso

Manuel Varela Fariña
M. Varela SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Entrada de la AP-9 en A Coruña
Entrada de la AP-9 en A Coruña Marcos Míguez

PP y BNG también apoyan una iniciativa, con la abstención del PSdeG, para que el Gobierno cumpla con la ley de dependencia y suba su aportación del 37 % al 50 %

20 mar 2025 . Actualizado a las 16:58 h.

El Parlamento de Galicia ha reiterado este mañana sin votos en contra dos de sus habituales exigencias al Gobierno central, aprobadas de nuevo sin que estas peticiones hubiesen prosperado hasta ahora en Madrid. La primera de ellas partió de la comisión de Ordenación Territorial, donde BNG y PSdeG apoyaron una proposición no de ley del PP para renovar la reclamación al Ejecutivo central de transferir la AP-9. Esta demanda acumula ya 39 prórrogas en el Congreso, a pesar de las numerosas iniciativas aprobadas en la Cámara autonómica para desbloquear esta situación. En el pleno de la próxima semana, los populares volverán a llevar una nueva proposición no de ley para incidir en ello.

La comisión parlamentaria aprobó así solicitar «de maneira inmediata, a finalización do prazo para a presentación de emendas para permitir que este texto lexislativo avance cara ao debate de aprobación definitiva». El diputado popular Roberto Rodríguez pidió mantener en Madrid el mismo consenso mostrado en Galicia, criticando la actitud del Gobierno central y de la oposición. «Aquí levantan a man e en Madrid baixan os pantalóns», reprochó a BNG y PSdeG. Carlos López Font, del PSdeG, señaló que el PP es «herdeiro dos covardes» de las épocas de Aznar y Rajoy, cuando se prorrogó la concesión hasta el 2048. También recordó que el Gobierno ya aplica bonificaciones del 75 % y duda de que el rescate sea más barato que mantener estas rebajas.

El nacionalista Paulo Ríos advirtió que la transferencia de la autopista a Galicia «non é secundaria» para los nacionalistas, como sí lo es para el PSdeG, criticó. Reclamó que el traspaso vaya «da man» de la gratuidad y lamentó «o teatro do bipartidismo» del PP y del PSOE que «deixa pouco pan e pésimo circo, como cantaba Def Con Dos». También denunció que el Gobierno tenga a Galicia como una «colonia» en la que solo invierte cuando le interesa por su «capitalismo de amiguetes», mientras que sí tiene dinero para destinar a «armas para seguir matando xente» con el «fondo da guerra e da morte» que quiere aprobar la UE, observó.

La segunda reclamación al Ejecutivo central aprobada, en esta ocasión con la abstención del PSdeG, tuvo lugar en la comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, que exhorta al Gobierno a asumir el 50 % de los costes de la atención a la dependencia y hacerse cargo de una deuda de más de 2.500 millones de euros. La propuesta, defendida por la diputada del PPdeG Raquel Arias, recibió el respaldo unánime de los grupos, aunque BNG y PSdeG criticaron los recortes sociales del PP.

Galicia cuenta con más de 77.000 personas dependientes atendidas, cifró Arias, quien instó al Estado a «cumprir coa lei de dependencia», que establece un reparto equitativo de los costes. Según señaló, la aportación estatal no llega al 37 %, lo que genera una deuda anual de 200 millones de euros con Galicia y una acumulada de más de 2.500 millones.

La diputada Silvia Longueira, del PSdeG, recordó que los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2018 impidieron cumplir con la ley. Además, reclamó a la Xunta que cumpla con el plan estratégico de servicios sociales, pendiente desde hace 16 años. «Todos estamos de acordo en cumprir a lei, pero tamén teñen que cumprir coa lei galega», manifestó, retirando el voto afirmativo a la proposición después de que no se aceptasen sus encaminadas a elaborar un informe sobre la gestión en materia de dependencia durante la etapa de Rajoy al frente del Ejecutivo central.

Por parte del BNG, Brais Ruanova denunció el uso político de las personas dependientes desde el PP. Criticó la falta de recursos propios para asistencia en el hogar y la negativa de los populares a la quita de la deuda autonómica, que aliviaría las arcas públicas, consideró.