El jefe del Estado italiano, Carlo Azeglio Ciampi, se negó a firmar la ley de la polémica reforma judicial aprobada por la mayoría parlamentaria de Silvio Berlusconi. Ciampi pidió a los dos cámaras del Parlamento que deliberen de nuevo, utilizando la facultad que les concede la Constitución y que no suele utilizarse. En Italia, ninguna ley puede entrar en vigor sin la firma del jefe del Estado. Pero si el Parlamento la adopta de nuevo en los mismos términos, debe ser promulgada. La reforma, muy criticada por los magistrados italianos, les obligará a elegir entre la carrera de fiscal o de juez. Para pasar de una función a otra, un magistrado tendrá que superar una oposición interna, cambiar de jurisdicción y ejercer su anterior función al menos cinco años, algo que los magistrados italianos consideran contrario a su independencia y al buen funcionamiento de la justicia. La reforma suscitó una agitación sin precedentes, con tres huelgas en dos años. Ley «a medida» Coincidiendo con esa negativa de Ciampi a firmar la polémica ley, el Congreso italiano aprobó por 279 votos a favor y 245 en contra el proyecto de ley que regula la «reincidencia» y que prevé reducir los tiempos de la prescripción de los delitos y que la oposición considera que salvará de la condena a Cesare Previti, diputado de Forza Italia y amigo íntimo del presidente del Gobierno Silvio Berlusconi. El proyecto de ley que el centro-izquierda ha definido «ley salva-Previti» fue presentada en octubre por el diputado de Alianza Nacional Enzo Fragala y, entre otras cosas, prevé que no se tengan en cuenta las circunstancias agravantes que harían aumentar el tiempo necesario para la prescripción de los delitos. La medida favorece a Cesare Previti, abogado de Silvio Berlusconi, que ya fue condenado en primera instancia a once y cinco años de cárcel por corrupción de jueces. De no aplicarse los agravantes, las condenas quedarán prescritas debido a que han pasado ya los 15 años que prevé la actual ley para este tipo de delitos.