Investigan el presunto fraude en los votos de los emigrantes en Latinoamérica fomentado por la mafia
INTERNACIONAL
Donde ya se ha votado es en el extranjero. Los italianos residentes fuera del país pueden elegir a sus representantes directos repartidos en varios distritos. Al esperarse un reñido resultado, todos los ojos están vueltos al voto emigrante que podría ser decisivo, tal como lo fue en el Senado en la anterior legislatura.
La Fiscalía de Reggio Calabria, sur de Italia, ha abierto una investigación sobre un intento de fraude en el voto de los residentes en Latinoamérica. Un representante de un partido político asegura que el Pueblo de la Libertad habría contactado con un empresario siciliano en Venezuela para que, merced a sus estrechas relaciones con la 'Ndrangheta, se hiciera con las papeletas sobrantes.
El ministro del Interior, Giuliano Amato, confirmó la existencia de la investigación, pero no quiso dar más datos. Se calcula que el costo de la operación de compra de unas 50.000 papeletas estaría en torno a los 200.000 euros. A cambio del favor, la mafia habría exigido algunos beneficios para los jefes de la banda que se encuentran detenidos.
Esta es la segunda vez que los italianos residentes en el extranjero, casi tres millones de personas, tienen la oportunidad de votar. De los cinco distritos existentes, el más importante es la circunscripción de América del Sur, que posee tres escaños en la Cámara de Diputados y otros tantos senadores. Allí hay cerca de 1.200.000 personas con derecho al voto, la mitad de ellas en Argentina. La campaña electoral ha sido intensa en Buenos Aires, donde la comunidad italoargentina es muy activa. En las elecciones del 2006, el senador por Argentina Luigi Pallaro se convirtió en decisivo durante la investidura de Romano Prodi.
Las urnas en los consulados y el voto por correo se cerraron el jueves y serán contados en Roma junto al resto de los votos.
La ley italiana con candidatos propios para los emigrantes siempre ha sido vista con buenos ojos por los gallegos residentes en Argentina que muchas veces han pedido una norma similar. La Xunta ha estudiado su posible aplicación.