El Gobierno instaurado por los militares reprime la disidencia y pisotea los derechos humanos a una escala inédita, tres años después de la revuelta que apartó del poder a Hosni Mubarak, según el informe de Amnistía Internacional publicado con motivo del tercer aniversario de la revolución popular en Egipto.
Desde que el Ejército destituyó y encarceló al islamista Mohamed Mursi, apoyándose en el descontento de gran parte de la población, el país está profundamente dividido y atrapado en una espiral de violencia. «Egipto ha vivido estos últimos meses una serie de atentados contra los derechos humanos y de violencia por parte del Estado, de una magnitud sin precedentes», estima Hasiba Hadj Sahraui, directora adjunta de AI. El informe habla de «una legislación represiva» y que la policía actúa por encima de la ley.
«Las reivindicaciones de la Revolución del 25 de Enero parecen más inalcanzables que nunca», deplora. Desde el 3 de julio, han muerto 1.400 personas, en su gran mayoría seguidores de Mursi y «la mayoría debido a un uso excesivo de la fuerza», afirma la oenegé.
El Gobierno egipcio califica el informe de AI de «desequilibrado e inexacto».