Los expertos aseguran que seguir el rastro de los billetes procedentes de la corrupción y la evasión fiscal es muy difícil pero el dinero siempre llama a las mismas puertas. Las de Luxemburgo hace tiempo que están abiertas de par en par para dar cobijo al gran capital. El Gran Ducado protege a las grandes fortunas de las garras del fisco nacional de sus vecinos europeos.
Las revelaciones del caso Luxleaks han puesto nombres y apellidos a algunos de esos clientes, inmersos en un escándalo de evasión de impuestos sin precedentes. Entre el año 2002 y el 2010 el Gobierno luxemburgués, liderado por Jean Claude Juncker, extendió la alfombra roja del Gran Ducado a 340 compañías internacionales. Ikea, Apple, Amazon, Pepsi, Starbuks, Burberry, Deutchbank forman parte de la larga lista de firmas que acudieron a la llamada atraídas por el régimen fiscal secreto y a la carta que ofrecía el país. Esta maniobra redujo de forma drástica sus facturas y provocó pérdidas de miles de millones de euros a las Haciendas de otros países asfixiados por los recortes que el propio Juncker patrocinaba desde su puesto en el Eurogrupo.
El luxemburgués tardó una semana en comparecer en público. Calificó de «legal» la actuación del Gobierno, asumió su «responsabilidad política», anunció a bombo y platillo otro programa para ganar transparencia en la UE y propuso fijar una base imponible común para las sociedades. Pero sus intenciones chocan frontalmente con la falta de voluntad política en el conjunto de la Unión para atajar la injusticia fiscal. Los complejos entramados societarios y las argucias legales para eludir el pago de impuestos no son prácticas de hace tres días. Este debate lleva muchos años sobre la mesa de negociación del Consejo Europeo, donde Juncker tenía un sitio reservado.
Países como Holanda con su «sándwich holandés» o Irlanda con su «doble irlandés» también aprovechan las grietas para disfrazar la evasión con un halo de legalidad. ¿Quién paga la factura de ese dumping? Los contribuyentes de países como España o Francia. Cada euro que sus haciendas dejan de ingresar, es un euro menos para los servicios públicos.