El mismo día en que el primer ministro griego se esforzaba por convencer a los acreedores de su disposición a aceptar reformas, el ministro de Trabajo Panos Skurletis, en teoría un subordinado, ponía el énfasis en las líneas rojas y aseguraba que el Ejecutivo no reducirá de ningún modo las pensiones ni aplicará la cláusula del déficit cero a las complementarias, ambas medidas reclamadas por la troika.
Las declaraciones de Skurletis son una muestra más de la pluralidad de criterios dentro de Syriza y ponen de manifiesto una creciente cacofonía del Ejecutivo que alcanza incluso a algunos ministerios claves, como prueba el que dirige Varufakis, quien primero anunció y unas horas después desmintió una propuesta para gravar con una tasa la retirada de dinero de los cajeros. Dicha disparidad no se debe únicamente a la existencia de distintos puntos de vista sobre cómo actuar.
El Gobierno se encuentra muy presionado por la base social que lo encumbró en las pasadas elecciones de enero y que ha decidido pasar a la acción en defensa de sus propuestas ante el temor de que sean dejadas de lado en la negociación. La prueba es que la Confederación de Sindicatos Públicos ha llamado a los trabajadores a concentrarse frente al ministerio de Trabajo para exigir al Ejecutivo que garantice las pensiones, no aplique la cláusula del déficit cero y «haga caso omiso de las exigencias de los prestamistas».