Sería la segunda vez en trers años que la agencia de inteligencia estadounidense sufre una fuga de datos
05 oct 2016 . Actualizado a las 20:49 h.El FBI arrestó a finales de agosto a un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU, en la que trabajó el conocido exanalista Edward Snowden, e investiga si el detenido robó y dio a conocer secretos de Estados Unidos, según ha informado el Departamento de Justicia del país norteamericano. El arrestado ha sido identificado como Harold Thomas Martin III, de 51 años, originario de Glen Burnie (Maryland) y al que la Fiscalía acusa de robar material clasificado y retenerlo de manera ilegal, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
El supuesto robo plantea la posibilidad de que, por segunda vez en tres años, la NSA haya sufrido un robo de datos después de que Snowden expusiera con sus filtraciones en el 2013 los programas de espionaje masivo que la agencia de seguridad puso en marcha a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra EEUU. Thomas Martin III, que trabajaba para la empresa Booz Allen Hamilton (igual que Snowden), fue arrestado el 27 de agosto y acusado formalmente de robo de secretos por el Ejecutivo estadounidense en una corte del estado de Maryland dos días después.
Durante la detención, los agentes registraron el vehículo y la casa del sospechoso en la localidad de Glen Burnie (Maryland) y encontraron documentos impresos e información almacenada de alto secreto en varios dispositivos digitales, según detalló el Departamento de Justicia en su nota. Además, los investigadores hallaron propiedades del Gobierno que el individuo supuestamente había robado y que tenían un valor superior a los mil dólares.
La Fiscalía alega que, entre los archivos encontrados en el registro, hay seis documentos clasificados producidos por un organismo gubernamental en el 2014. «Esos documentos fueron producidos a través de fuentes, métodos y capacidades confidenciales del Gobierno, que son críticos para una amplia cuestión de temas de seguridad nacional. La divulgación de los documentos revelaría esas fuentes confidenciales, métodos y capacidades», aseguró el Departamento de Justicia en su nota.
De ser condenado, el sospechoso se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por el robo de bienes del Estado y a otro año de cárcel por el delito tipificado como retirada no autorizada y retención de materiales clasificados.