El Gobierno prohíbe la salida de ex altos cargos del país tras las denuncias por corrupción
23 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los problemas judiciales continúan para Rafael Correa. El ex presidente ecuatoriano (2007-2017) está siendo investigado por supuestas irregularidades en la venta de petróleo a China durante su Gobierno, que habrían supuesto un perjuicio de más de 2.000 millones de dólares (1.737 millones de euros) para su país.
La presunta trama corrupta ha sido calificada como «el más grande atraco de la historia de Ecuador» por Fernando Villavicencio, un periodista de investigación y parte denunciante, que ha elaborado un informe de 105 páginas sobre las irregularidades.
Las autoridades investigan a Correa por cohecho y asociación ilícita, pero el investigador añade acusaciones como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Todo por cuenta de los créditos que su Gobierno obtuvo entre 2009 y 2017 por 18.170 millones de dólares con tasas de interés muy elevadas, entre el 7% y el 8,25%, y que fueron respaldados con ventas anticipadas de hasta 1.204 barriles de crudo, según los investigadores.
El modelo, que no había sido utilizado por Ecuador hasta el Gobierno de Correa, fue negociado con las empresas chinas Unipec y Petrochina, además de con la tailandesa Petrotailandia.
Esas líneas de crédito fueron presentadas como preventas petroleras, creen los investigadores, con el objetivo de que el país no rebasase su límite legal de endeudamiento, del 40 % del PIB.
La denuncia destaca comisiones millonarias para empresas privadas que participaron en los acuerdos. Habrían ganado más de 70 millones de euros solo con la primera venta anticipada, en el 2009, según los investigadores. Denuncian también que el petróleo no llegó ni siquiera a ser distribuido en China, sino que fue vendido a terceros países a precio reducido.
«Las investigaciones demuestran que la presidencia de la república conocía perfectamente las inconsistencias en los negocios con China, en los que se invirtieron grandes cantidades de fondos públicos», explica a Christian Bravo, docente de la Universidad Internacional de Ecuador.
«Correa había sido advertido por varios de sus ministros. Es decir, se hizo todo esto a sabiendas de que se podría generar un perjuicio al Estado», añade.
El expresidente, sin embargo, lo niega todo. Dice haber firmado tan solo una preventa petrolera, en el 2010, y asegura estar siendo perseguido jurídicamente.
Veinte procesos en marcha
Actualmente hay más de una veintena de denuncias contra Correa en manos de las autoridades y de la Justicia ecuatoriana, por cargos que incluyen tráfico de influencias, odio, malversación, injerencia judicial e incluso secuestro. La Corte Nacional llegó a dictar una orden de detención preventiva contra el expresidente, por incomparecencia judicial, tras ser vinculado con el intento de secuestro del exdiputado Fernando Balda en Bogotá, hace seis años.
Correa se encuentra viviendo en Bélgica, país de nacimiento de su esposa. La Interpol tiene previsto analizar estos días si emite una orden de captura a nivel internacional, según Felipe Rodríguez, abogado de Balda.
El expresidente está dispuesto a defender su inocencia y ha criticado recientemente la «estrategia de judicialización de la política, contra los dirigentes y movimientos de izquierda», especialmente en el caso del ex presidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción, y por los registros en las sedes de la Francia Insumisa del izquierdista francés Jean Luc Melenchón.
Por si acaso, Ecuador prohibió desde el domingo la salida del país de ex altos funcionarios del Gobierno de Correa procesados en investigaciones sobre corrupción, a raíz de la fuga del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, acusado de malversación y otros delitos.