En el texto se despliegan todas las barreras para evitar que Madrid ponga sobre la mesa de negociaciones la cuestión de la soberanía
28 nov 2018 . Actualizado a las 17:24 h.El acuerdo del brexit está cerrado, pero la polémica continúa a costa de Gibraltar. Tanto el presidente español, Pedro Sánchez, como la primera ministra británica, Theresa May, han vuelto a sus respectivos países con la misión de aparentar ser los vencedores de la contienda que se libró en torno al Peñón.
El madrileño salió de la cumbre en Bruselas el domingo con un triple compromiso político, de los Veintisiete, Londres y los presidentes de la Comisión y el Consejo. Los documentos escritos avalarían, según el Ejecutivo español, la capacidad de España de vetar la aplicación de cualquier acuerdo entre la UE y el Reino Unido en La Roca. Una llave para mejorar la posición negociadora en torno a su estatus futuro.
El acuerdo de retirada estuvo a punto de caer por el precipicio por la resistencia de May a dejar por escrito su aval, que llegó el día antes de la crucial cita en la capital comunitaria. Eso sí, en el texto, artificioso y ambiguo, no se hacía referencia a Gibraltar. La rúbrica ni siquiera la puso la premier sino el embajador británico para la UE, Tim Barrow, quien ayer confirmó las suspicacias de algunos expertos al publicar unas segunda carta que habría enviado al Consejo Europeo matizando ese aval y abonando el terreno para libres interpretaciones de las cartas.
El gesto parece formar parte de una coreografía milimétricamente preparada para sembrar confusión en torno a las negociaciones sobre Gibraltar. ¿Enmienda esta segunda carta los compromisos del Reino Unido? No, pero Londres podría asirse a ella para reinterpretarlos o para simular que le han marcado un gol al Gobierno español. En sus líneas no se pone en cuestión el veto de España a la aplicación de un futuro acuerdo en Gibraltar, pero se despliegan todas las barreras para evitar que Madrid ponga sobre la mesa de negociaciones la cuestión de la soberanía como condición ineludible para dar el visto bueno. Hasta en tres ocasiones aclara este punto.
«No hay duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar, incluidas sus aguas territoriales», sostiene Londres y añade que «el Reino Unido nunca entrará en acuerdos en los cuales los gibraltareños pudieran pasar a soberanía de otro Estado» y que el país «ha dado su garantía de que no entrará en un proceso negociador de soberanía en el que Gibraltar no esté conforme». En la parte final de la misiva, Borrow reitera que el Reino Unido negociará en nombre de toda la familia, incluido Gibraltar. Ninguno de los argumentos contradice el compromiso de la UE con España, pero sí le marcan al Gobierno de Sánchez la línea roja: La soberanía del Peñón.
¿Cómo es posible que siga habiendo dudas sobre el lugar que ocupa Gibraltar en el brexit? Bruselas debería responder a esa cuestión, pero se niega. Su equipo negociador fue el responsable de enmendar el texto legal para desdibujar las ambiciones de España y facilitarle el camino a May en el Parlamento británico. La UE rectificó como pudo, pero no de la forma clara que exige una disputa histórica y compleja como la de Gibraltar entre un país que abandona el club y otro que se queda.
La UE niega que el Reino Unido pueda revertir el «brexit» de forma unilateral
Después de casi dos años corriendo en círculos, muchos ciudadanos favorables al brexit así como los detractores han llegado a una misma conclusión: el acuerdo de salida será peor que quedarse en la Unión Europea (UE). Tras constatar que el divorcio solo pone por delante un camino de espinas, los ojos se han vuelto urgentemente sobre los tratados y el artículo 50 de retirada. ¿Se puede poner el contador a cero? ¿Se puede parar indefinidamente? ¿Quién tiene potestad para hacerlo?
Son cuestiones que deberá dirimir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Corte recibió una consulta prejudicial del Tribunal Supremo escocés para aclarar si el Reino Unido tiene potestad para frenar de forma unilateral el proceso de salida. La primera vista del caso tuvo lugar ayer en Luxemburgo y puso de manifiesto las enormes distancias entre las partes en litigio.
Los letrados del Consejo y de la Comisión Europea niegan que los británicos puedan dar marcha atrás al acuerdo divorcio sin el apoyo unánime de los 27 Estados miembro de la UE. La cuenta atrás comenzó cuando su primera ministra, Theresa May, pulsó el botón de eyección el 29 de marzo del 2017. «No hay paralelismo entre el derecho de notificación y el derecho a dar marcha atrás. El proceso nacional no basta para quitar la alfombra en la que todo el mundo se ha visto forzado a estar», sostuvo Herbert Legal, según recogió el Financial Times.
Precedente
La Comisión Europea advirtió de que este caso puede sentar un precedente sobre la forma en la que se interpreta el proceso de salida. Los letrados temen que una sentencia favorable a los demandantes británicos pueda abrir la puerta a que otros gobiernos europeos amenazasen y activasen el artículo 50 con el fin de chantajear y obtener mejores condiciones por su pertenencia. También advirtieron de que podría dar «munición» a los diputados contrarios al brexit a la hora de votar sobre el acuerdo de retirada que tanto le ha costado a May cerrar con los Veintisiete.
El propio Gobierno británico ha pedido a través de sus abogados «no abrir esa caja de Pandora». El máximo tribunal emitirá una primera opinión antes de la sentencia que, podría llegar antes de fin de año. La Corte está abordando el caso por procedimiento acelerado.
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