Rabia entre los familiares de las víctimas por el uso político del crimen de London Bridge
INTERNACIONAL
Boris Johnson y su titular de Interior hacen alarde de mano dura y prometen más seguridad tras el «brexit» en medio del duelo por el atentado
02 dic 2019 . Actualizado a las 22:06 h.La familia de Jack Merritt, fallecido en el ataque realizado por un yihadista en el centro de Londres el viernes pasado, ha denunciado la utilización de su muerte para justificar una política penal más dura. «Estaría furioso de que su muerte, y su vida, se use para perpetuar la agenda de odio contra la que dio todo lo que tenía», escribió su padre en un artículo publicado este lunes por el periódico The Guardian.
En su cuenta de Twitter, repudió la cobertura realizada por el Daily Mail, un popular diario conservador, calificando su contenido como «vil propaganda». El fallecido quería vivir, según su padre, «en un mundo donde no encerramos y tiramos la llave», «donde nos enfocamos hacia la rehabilitación, no hacia la venganza», «donde no debilitamos constantemente nuestros servicios públicos».
Familiares de los fallecidos se concentraron este lunes en Cambridge, donde Merritt y Saskia Jones, la otra víctima mortal, habían estudiado Criminología. En el Guildhall, sede del Ayuntamiento de la City of London, que gobierna el distrito financiero y en cuyo límite -en la ribera del Támesis- se cometieron los crímenes, líderes políticos, incluidos Boris Johnson y Jeremy Corbyn, participaron en un acto de duelo.
Johnson reiteró en Portsmouth, donde quería promover un plan para asegurar las fronteras tras el brexit, su intención de acabar con la ley de sentencias del 2005, promovida por el Gobierno laborista de Gordon Brown, que establecía que las penas de cárcel con plazo fijo se cumplan la mitad en prisión y la otra mitad en la comunidad. La libertad condicional para delitos como los que llevaron a Usman Khan a presidio no se aplica de manera automática y ya cambió su regulación, dado que casi todos los Gobiernos recientes han modificado sentencias o procedimientos al respecto.
El nuevo líder conservador quiere aumentar las sentencias condenatorias y que se cumpla más tiempo de ellas en prisión, y promete para ello crear 10.000 plazas más. Anuncia también 3.000 millones de euros para modernizar el sistema, que ha tenido seis ministros desde el 2015 y recortes presupuestarios, algunos drásticos, desde el 2010. Y es que el atentado del viernes ha empujado la campaña para las elecciones del próximo día 12 hacia las cuestiones de seguridad.
Parar a delincuentes
La casualidad ha querido que el crimen de London Bridge llegase días antes de que Johnson sea anfitrión, a partir de este martes, de los líderes de la OTAN, y él y su ministra de Interior, Priti Patel, promovieron este lunes su plan para hacer más segura la frontera del Reino Unido si los votantes les dan la mayoría suficiente para ejecutar el acuerdo del 'brexit' pactado con la Unión Europea. «Ser miembros de la UE es incompatible con la seguridad fronteriza vigorosa que necesitamos», decía el artículo publicado por la ministra en el diario The Daily Telegraph para anunciar que, una vez que el Reino Unido sea liberado de las restricciones comunitarias, y aunque no haya pertenecido nunca al sistema europeo de fronteras Schengen, «contaremos a la gente que entra y sale y sabremos cuánta hay en el país».
Los ciudadanos comunitarios que quieran entrar en el Reino Unido tras el brexit -que como muy pronto se produciría en el final del 2020, en el caso de que fuese pactado y no abrupto- podrían requerir una declaración similar a la de entrada temporal en Estados Unidos, que ha de enviarse con unos días de adelanto sobre la llegada del visitante. Pero no es seguro, puesto que depende de la negociación con la UE sobre la relación futura.
Patel anticipa así la voluntad conservadora de que el Documento Nacional de Identidad no sirva como ahora para cruzar la frontera, dado que sería más fácil de falsificar que el pasaporte. La introducción de notificaciones anticipadas de la llegada de bienes al país reduciría el contrabando y recaudaría cerca de 6.000 millones adicionales de euros. Además, con ello los británicos tendrían también «el poder de parar en la frontera a delincuentes de la UE, al poner fin al libre movimiento».