Desmontan el campamento desde el que se lanzó el ataque contra las instituciones de Brasil
INTERNACIONAL
Durante la operación, en la que la policía cercó el recinto, se han producido al menos 1.200 detenciones
09 ene 2023 . Actualizado a las 18:59 h.La policía del Distrito Federal de Brasilia desmontó este lunes el campamento que militantes bolsonaristas habían instalado frente al cuartel general del Ejército tras las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil. Durante la operación de desalojo se han producido al menos 1.200 detenciones.
Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, bloquearon los accesos al campamento a primera hora de este lunes para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de los que permanecían en el lugar. El cerco surtió rápidamente efectos y, sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades, los cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que estaban acampados frente al Ejército comenzaron a recoger sus pertenencias y a abandonar el lugar. En solo media hora, en el campamento tan solo quedaron las carpas y algunas infraestructuras abandonadas, así como un puñado de manifestantes que se apresuraban para recoger colchones y otros utensilios.
El desalojo pacífico se produjo luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares en todo el país y desde el que los seguidores del líder ultraderechista defendían un golpe de Estado en Brasil para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió la Presidencia hace ocho días.
El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que el líder progresista se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.
Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó también que los ocupantes de los campamentos que participaron en los ataques «sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes». El número de radicales en el campamento frente al cuartel general del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y hasta el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas. Pero el sábado el número había saltado a cerca de 3.000, luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo en Brasilia, que terminó en caos y en el ataque a las instituciones.
Ante el caos generado por el asalto a las edificaciones públicas, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal. El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
A los 1.200 arrestos durante el desmantelamiento del campamento hay que sumar otras 300 detenciones que se produjeron durante los asaltos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.
Los disturbios han abierto una profunda crisis en Brasil, cuyas primeras consecuencias no se han hecho esperar. Partidos y jueces abogan por calificar los hechos como actos de terrorismo y aplicar las máximas penas para los implicados, mientras el Ejecutivo de Lula ha decidido despojar a las autoridades de Brasilia de sus competencias en materia de seguridad ante la evidencia de que pudieron producirse cambios en el sistema de protección de las instituciones que facilitaron el asalto. En otras palabras, más allá de una revuelta popular, crece la sospecha de un complot político para derrocar al presidente Da Silva, que estrenó su cargo hace ocho días.
