El Supremo de Estados Unidos da una inmunidad parcial a Trump en el caso del asalto al Capitolio

Miguel Palacio NUEVA YORK / E. LA VOZ

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El expresidente, durante una comparecencia en la Torre Trump de Nueva York.
El expresidente, durante una comparecencia en la Torre Trump de Nueva York. Brendan McDermid | REUTERS

Considera que los actos oficiales que protagonizó como presidente están amparados, pero que los no oficiales son susceptibles de ser juzgados

02 jul 2024 . Actualizado a las 10:51 h.

Según la Corte Suprema de Estados Unidos, los presidentes del país gozan de inmunidad absoluta en todos sus actos oficiales. La decisión del máximo tribunal, que cierra efectivamente el período de sesiones hasta septiembre, tiene el potencial de redefinir el poder de los presidentes y reformar el modo en que funciona la democracia de EE.UU. La decisión ha llegado como respuesta a la apelación de los abogados de Donald Trump en el juicio por su papel en el Asalto al Capitolio.

Los jueces han alcanzado la decisión por 6 votos a favor y 3 en contra, divididos en torno a sus posiciones ideológicas. Los tres votos en contra son de las juezas nominadas por presidentes demócratas mientras que los seis a favor proceden de la supermayoría conservadora.

En la decisión, el tribunal afirma que los actos de los presidentes están protegidos siempre y cuando sean «actos oficiales». Según los magistrados los presidentes no tienen «inmunidad para actos que no son oficiales y no todo lo que hace el presidente tiene carácter oficial». Afirman, además que los jefes del Ejecutivo «no están por encima de la ley» pero que gozan, al menos, de «presunción de inmunidad» para sus actos públicos.

En términos prácticos, la decisión del Supremo establece que Donald Trump está, al menos en parte, protegido frente al enjuiciamiento criminal que lo vincula al asalto al Capitolio. El escrito de la decisión, de hecho, se pronuncia en contra de algunas de las ideas centrales que justifican la demanda penal contra el expresidente por su papel en el conato de insurrección. La decisión, sin embargo, no pone punto final a dicha demanda sino que la devuelve a la juez Tanya Chutkan para que sea ella la que decida qué acciones de Trump se consideran oficiales y cuáles no. Con toda probabilidad, este proceso se dilatará durante meses impidiendo que el juicio se celebre antes de las elecciones.

Dejan así varias cuestiones en el aire, a la espera de que Chutkan se pronuncie. Es el caso de las presiones de Trump a su entonces vicepresidente, Mike Pence, para que se negase a certificar los resultados electorales. O los intentos del magnate por convencer a funcionarios estatales de que revirtiesen la confirmación de los recuentos en 2020. Todas ellas acciones que podrían ser consideradas actos oficiales por haber sido llevadas a cabo cuando Trump todavía ocupaba la Casa Blanca.

Las tres magistradas progresistas afirman que su voto en contra se justifica en su preocupación sobre el efecto que la decisión puede tener en el futuro de la democracia americana. «El proyecto de esta mayoría tendrá consecuencias desastrosas para la presidencia y nuestra democracia» ha afirmado la jueza Sonia Sotomayor apoyada por las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.