Un juez bloquea la orden de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento
INTERNACIONAL
El Congreso aprueba la ley para detener a simpapeles con delitos menores sin necesidad de que sean juzgados
24 ene 2025 . Actualizado a las 11:40 h.Un juez federal bloqueó este jueves de forma cautelar la orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Donald Trump para poner fin al derecho que concede la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes nacidos en el país al considerar que es una medida «descaradamente inconstitucional». Es el primer revés en los planes del nuevo inquilino de la Casa Blanca para reformar el sistema migratorio.
«He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el asunto presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional», dijo el magistrado del distrito federal de Seattle John C. Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).
La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres. El decreto de Trump dictamina que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal» —como un visado de trabajo— no podrán obtener la ciudadanía. En la práctica, eso impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a dichos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
En total 22 estados con gobiernos demócratas han interpuesto una demanda en contra del intento de Trump de acabar con ese derecho. La decisión de Coughenour estará en vigor durante catorce días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según The Seattle Times.
La Ley Laken Riley
Otro de las iniciativa de Trump en su dura política migratoria, el proyecto de ley que permite la detención de inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores sin necesidad de que sean juzgados reposa ya sobre su escritorio del despacho oval para su firma después de su aprobación el miércoles en la Cámara de Representantes. Será la primera ley que rubrique el republicano en su segundo mandato y también su primera victoria en el Legislativo. Salió adelante con 262 votos a favor y 156 votos en contra. A los síes de la bancada republicana se unieron los de 46 congresistas demócratas.
«Donald Trump ha logrado distorsionar la postura del Partido Demócrata sobre la inmigración hasta convertirla en una caricatura de sí misma», dijo el senador Michael Bennet, que votó en contra de la iniciativa.
La propuesta legislativa había superado ya el lunes su primer trámite parlamentario, al ser aprobada en el Senado con 64 votos favorables (entre los que se incluyeron 12 de senadores demócratas), y 35 en contra.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en el 2024 por el simpapeles venezolano José Ibarra. Los arrestos que contempla esa normativa incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas. Los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El texto también autorizará a los fiscales generales de los estados a intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visados a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de EE.UU.
La propuesta, cuyo autor es el congresista republicano Mike Collins, ha sido criticada por expertos en ley migratoria y activistas, quienes señalan que atenta contra el debido proceso y allana el camino para los planes de deportaciones masivas prometidas por Trump. Según los cálculos de los medios, el Gobierno necesitaría gastar más de 3.000 millones de dólares adicionales en presupuesto y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60.000 camas para poder ejecutar esa ley.
Los primeros deportados a Tijuana son de las redadas de Biden
M. Ayala
Después de que Donald Trump asumiera como presidente de EE.UU., decenas de migrantes han sido deportados por el puerto fronterizo de El Chaparral, en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con California, sin embargo, son personas que ya permanecían en centros de detención desde la Administración de Joe Biden. Así lo confirmaron los propios migrantes que compartieron información con medios y autoridades mexicanas del estado de Baja California, quienes aseguraron que bajo los estrictos protocolos de Trump aún no llegó ningún deportado.
El martes por la tarde se documentó la deportación de un centenar de personas mexicanas que dijeron a medios que habían sido detenidos en ciudades como Denver (Colorado) y Las Vegas (Nevada), debido a ellos se pensó que podrían ser los primeros deportados por Trump. Pero el miércoles algunos de los migrantes regresaron al puerto fronterizo de El Chaparral, donde se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), y fueron ellos mismos los que aseguraron que ya llevaban «más de un mes detenidos» en Estados Unidos.
Un portavoz del INM, que pidió no ser identificado, informó que estas personas eran parte del centenar que habían sido deportados la tarde del martes, por lo que habían regresado para solicitar el apoyo de la institución para regresar a sus ciudades de origen.
La versión fue confirmada este miércoles por el secretario de gobierno del estado de Baja California, Alfredo Álvarez, durante la conferencia de prensa que ofrece la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, donde explicó que «no es correcto lo que se informó, porque las deportaciones no se derivan de los decretos de la nueva presidencia de Estados unidos, esa fue una deportación regular».
«Este retorno de mexicanos que se presentó corresponde incluso a la gestión anterior al decreto de Trump, vienen con nosotros para reclamar sus apoyos de repatriación, ya que estaban detenidos antes de que surgiera esta amenaza y, decir que, a partir de la firma del decreto de Trump el flujo de repatriados todavía no ha sido alterado».
El funcionario refirió que, de momento, mantienen información directa con el INM, con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) y el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, que les están informando sobre los procedimientos que se están llevando a cabo que no son, todavía, en función de una orden de Trump.
Destacó que, pese a ello, la atención que le están brindando a estos migrantes es dentro del marco «de la atención integral que se les da a todos los connacionales deportados», a quienes se les dan las opciones de ser albergados en el Centro Integrador «Carmen Serdán» o de regresar a sus lugares de origen.
«El mensaje es claro, en el sentido de tratar por todos los medios de que cualquier deportación de nuestros paisanos se haga en un marco de dignidad y respeto a los derechos humanos, es un mensaje que hemos compartido también con las autoridades estadounidenses, para cuando entren las medidas de Trump, ya que para ellos también implicará un cambio de paradigmas y procedimientos», señaló.
Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la medida del presidente Trump, quien el martes dio vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias de aquel país, previamente considerados lugares «protegidos».
La decisión llegó un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE.UU.
En México preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, que en 2024 habría recibido un récord estimado de 65.000 millones de dólares.