El desalojo de la antigua fábrica de curtidos de Monforte se ajustó a la legalidad
MONFORTE DE LEMOS
Una nueva sentencia por las obras de urbanización de la zona C da la razón al Ayuntamiento
28 sep 2022 . Actualizado a las 12:34 h.El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo desestimó un nuevo recurso relacionado con las obras de la urbanización de la zona C, interpuesto por el dueño de uno de los terrenos afectados. La empresa local Contratas y Promociones Sánchez, que presentó otras demandas contra el Ayuntamiento de Monforte por la ejecución de este proyecto, pedía en este caso concreto la nulidad del requerimiento municipal por el que se le conminó a retirar los materiales almacenados en su propiedad. El Ayuntamiento dio a conocer este miércoles la sentencia, que concluye que se actuó conforme a la legalidad.
La información municipal incluye una primera valoración del alcalde, José Tomé, que se felicita «por este novo auto que segue dando a razón ante as demandas presentadas por Contratas y Construcciones Sánchez, a cal recentemente perdeu outras dúas sentenzas ante este Concello». «A xustiza —prosigue Tomé— determinou a prevalencia do interese público fronte ao particular de dita finca, logo de que establecera medidas cautelares condicionando á empresa a depositar un aval solidario que non foi presentado».
A Contratas y Construcciones Sánchez le correspondía la titularidad de uno de los terrenos de mayores dimensiones incluidos en el ámbito de la reparcelación aprobada entre la calle Rof Codina, la guardería municipal y la entrada al barrio de Cobas. Esta promotora era dueña de la finca en la que se ubicaban la antigua fábrica de curtidos y calzados. En esta última nave almacenaba diversos materiales que tuvo que retirar cuando, al igual que el resto de propietarios de inmuebles ubicados en la zona C, recibió la correspondientes orden de desalojo para proceder a los derribos previos al inicio de las obras de urbanización.
La empresa pedía la nulidad del requerimiento municipal de retirada de los materiales, solicitud que de haber sido aceptada por el juzgado afectaría indirectamente a las obras que se llevan a cabo. Para el demandante, la urbanización se habría licitado «sin la disponibilidad de los terrenos», circunstancia que conllevaría «un vicio de nulidad» de la actuación que se está llevando a cabo en esa zona. La sentencia concluye, sin embargo, que la aprobación del proyecto faculta al Ayuntamiento «para proceder a la ocupación de los terrenos, lo que justificaría la orden de retirada de los materiales». Según el fallo judicial, el requerimiento para la retirada de los materiales en la propiedad de Contratas y Promociones Sánchez supondría una «ejecución del acuerdo anterior [de aprobación del proyecto de reparcelación] lo que parece en principio no infringir el ordenamiento jurídico».
Las órdenes de desalojo de los inmuebles situados en el área que está siendo urbanizada se produjo a mediados del pasado mes de diciembre, semanas antes de que comenzasen las demoliciones de los inmuebles afectados. Las obras fueron adjudicadas a Misturas Obras e Proxectos por un presupuesto de 915.225 euros y su finalización está prevista para octubre próximo.
El proyecto se desarrolla en una zona de suelo urbano no consolidado y permitirá dar salida a Rof Codina con una nueva calle a cuyos lados habrá solares edificables. La franja de terreno más próxima a la guardería municipal será zona verde. «Seguimos adiante, amparados pola legalidade e pola xustiza, co proceso construtivo que iniciamos a mediados do pasado mes de febreiro para urbanizar e dotar de servizos a zona C, proxecto que sen dúbida cambiará a fisionomía da nosa cidade», señaló al alcalde al hilo de la sentencia.
La fórmula de compensación que puso en práctica el Ayuntamiento de Monforte para sacar adelante la urbanización de la zona C de las normas de planeamiento implica la cesión obligatoria de terrenos por parte de los propietarios, que costean la urbanización y se reparten proporcionalmente los nuevos terrenos edificables. Algunos propietarios decidieron interponer recursos por entender que el coste que se deriva de esta operación es muy superior a los beneficios que le puede reportar, en el contexto actual, el suelo edificable al que tendrán derecho cuando finalicen las obras.