Las solicitudes necesarias para el inicio de la actividad se están tramitando desde la primavera de este año. Se calcula que ese proceso concluya en el plazo de un año, aunque la empresa prevé comenzar poco a poco su actividad.
La cuestión de los permisos ha cobrado gran protagonismo desde que a comienzos del año pasado comenzaron las protestas de diversas asociaciones chairegas contra posibles consecuencias de la actividad. Un informe de la oficina del Valedor do Pobo recogía esta primavera que aún faltaba la autorización previa autonómica, y meses antes, en octubre, llegó a anunciar la revisión de la declaración de impacto ambiental. Blanco evitó ayer polémicas, pero sí invocó la necesidad de «seguridade xurídica»: los permisos, dijo, vienen dados por las administraciones, no por los partidos, y en este caso no se ha producido ningún fallo judicial que obligue a variar el proceso.
La empresa, por su parte, prevé crear 30 empleos, repartidos entre las cinco plantas de extracción en las que repartirá la actividad.