La Diputación y la Consellería de Medio Rural acordaron el viernes la extinción de la Fundación del Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia, ubicada en la parroquia monfortina de Tor, acuerdo que también fue ratificado el mismo día por el patronato. Sin embargo los problemas generados por esa entidad no quedaron extinguidos y el proceso judicial abierto sigue adelante.
Esta misma semana, la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Lugo abrió nuevas diligencias, a propuesta del fiscal, por la desaparición de un vehículo, así como por unas vallas del cierre de la finca y por daños causados en ella. El denunciante es el diputado provincial Miguel Ángel Sotuela, que representa a la Diputación en este asunto desde el principio y que ya había denunciado otras supuestas irregularidades como la presunta apropiación de fondos procedentes de la venta de madera, realizada por el anterior patronato.
En concreto, una de las nuevas denuncias es por la presunta apropiación indebida del vehículo todoterreno Volkswagen Touran, con matrícula 6884 FMB. Sotuela también puso en conocimiento de la justicia la denuncia que había presentado el entonces gerente de la fundación, Francisco García Bobadilla por un hurto de vallas en el cierre de la finca de Tor y que, según el diputado provincial, presuntamente nunca llegaron a ser colocadas. Por último, el juzgado decidió añadir a las diligencias la reclamación de los daños presuntamente derivados de la tala del arbolado que había en las fincas.
La titular de este juzgado admitió la renuncia presentada por el perito que tenía encargadas las restantes valoraciones, que alegó una relación de estrecha amistad con García Bobadilla, a la vez que fue designado otro. Por último, la jueza pidió al Juzgado de Instrucción número uno que se inhiba a favor del suyo en las diligencias previas abreviadas relativas al vehículo citado.
Un problema de dualidad
Cuando la Diputación decidió recuperar el control de la fundación constituyó un nuevo patronato. Está presidido por Gómez Besteiro y a la convocatoria no acudió ningún miembro del anterior, presidido por el biólogo Javier Castroviejo Bolívar.
Durante un tiempo se produjo una situación de dualidad, dado que los anteriores rectores de la fundación no reconocieron a los nuevos. La Diputación solicitó toda la documentación que tenía la Consellería de Medio Ambiente, que ejercía el protectorado, y la remitió al juzgado. Sin embargo no pudo disponer de otros documentos, que estaban en manos del patronato presidido por Castroviejo.
La institución provincial impuso los cambios amparándose en una modificación de los estatutos que no fue reconocida por la Xunta. En la práctica establecía la independencia de la fundación con respecto a la Diputación y a la Consellería de Medio Ambiente.