El acusado de incendiar la casa de sus vecinos alega que «ni estaba en el pueblo» el día de los hechos

El hombre acusado de quemar un alpendre de la casa de sus vecinos con ellos dentro en A Pastoriza negó este martes los hechos y aseguró que el día del suceso, en la madrugada del 4 de junio de 2017, se encontraba en la casa de un sobrino en A Pobra de San Xiao. El Ministerio fiscal solicita doce años de cárcel para el hombre por incendiar un alpendre anexo a la casa de sus vecinos, con los que mantenía una relación de enemistad, cuando estos estaban durmiendo en el interior de la vivienda. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física de las personas. Además, solicita que el procesado indemnice al parque de Bomberos de Vilalba con una cantidad próxima a los tres mil euros, por los gastos que ocasionó la extinción del incendio, y a ambos perjudicados, por los daños que provocó el fuego en sus propiedades, con 22.972 euros. La fiscal sostuvo en el juicio, al igual que hace en su escrito, que el 4 de junio de 2017, por la noche, el procesado se aproximó a pie al domicilio de su vecino y de su padre, cuando ambos se encontraban ya en la cama. Una vez que estuvo al lado del alpendre colindante con la vivienda, rompió los cristales de varias ventanas y roció el interior en varios puntos con algún líquido inflamable, para después prenderle fuego.

Este vecino de A Pastoriza, durante su testimonio, explicó que esos «vecinos», con los que «apenas se cruzaba», le habían denunciado varias veces por asuntos relacionados con fincas que tienen colindantes. Sin embargo, solo admitió que veía al matrimonio dueño del alpendre «cuando» iba a una finca de su propiedad, porque que tenía que pasar entre la vivienda de esos vecinos y el propio alpendre, y dijo que la mala relación que existía «no tenía nada que ver» con él, sino con «rencillas de la familia de su esposa».

Para empezar, una nulidad

Al empezar la vista, la abogada de la defensa comenzó el juicio solicitando unas «cuestiones previas». Esta reclamación tenía una doble vertiente. Para empezar, pidió al tribunal que se declarasen como nulas las declaraciones de su cliente dos días después del incendio, ya que, según su relato, «no se respetaron sus derechos fundamentales, y los agentes de la Guardia Civil le sometieron a un interrogatorio en toda regla. Lo suyo no fue una declaración espontánea, sino que fue presionado por unos agentes que ya le trataron como un sospechoso cuando ni siquiera se le había notificado que estaba siendo investigado». Además, pidió también la nulidad de unos registros telefónicos del hombre.

Estos registros, obtenidos por la acusación gracias a una orden judicial, acreditan que el acusado estaba, efectivamente, en las cercanías de su casa en el momento de los hechos, algo que él niega. Finalmente, el tribunal decidió anular el contenido de la primera declaración del acusado, pero no el análisis telefónico, por lo que esa prueba sigue contando con validez.

A pesar de que el acusado insistía en que su relación con los vecinos era «inexistente» y no exactamente mala, los testimonios de dos agentes de la Guardia Civil se inclinaron más por la versión de la fiscal y de la acusación particular. Acreditaron que «en al menos tres ocasiones, los vecinos denunciaron al ahora acusado por asuntos relacionados con sus fincas, y él mismo llegó a querellarse contra ellos por las mismas razones».

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