El sector hostelero, el hotelero y el inmobiliario están en el punto de mira; la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Xunta ponen freno al fraude asociado al turismo
27 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.No llegan los turistas de vacaciones a Galicia con la intención de defraudar a Hacienda, pero a veces sin querer, otras por desconocimiento y algunas por mirar para otro lado, es posible que sean colaboradores necesarios de un fraude, el de la economía sumergida, que en la comunidad puede alcanzar los 14.159 millones de euros, el 26 % del PIB, si se atiende al último informe sobre este fenómeno que publicó en el 2014 el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) titulado La economía sumergida pasa factura.
Y es cierto que se defrauda a Hacienda todo el año, no solo en verano, pero las actividades que la Agencia Tributaria persigue en la actualidad en Galicia, por ser las que acumulan un volumen mayor de evasión de impuestos, están en su mayoría relacionadas con el sector turístico. O sea, que viene el veraneante y se hospeda en un piso que no está declarado a efectos fiscales, o en un hotel que no le pasa la factura; se come una mariscada sospechosamente barata y cargada de ricos moluscos que no pasaron por la lonja, y luego, al pagar, lo hace en efectivo porque el dueño del restaurante no admite tarjetas, lo mismo que le pasó con el taxista que lo llevó hasta el lugar porque, de camino, se le estropeó el coche y lo dejó en un taller en el que ya le adelantaron que no tenía por qué pedir factura.
El bum de los pisos turísticos está en auge. Además de que se corre el riesgo de inflar una burbuja con los precios de los alquileres y de que se adueñen de los cascos históricos a costa de los vecinos de toda la vida, la mayoría no se declaran -supuestamente están vacíos o viven en ellos propietarios que alquilan las habitaciones en negro-, por lo que la Xunta de Galicia acaba de publicar un decreto para regularlos y Hacienda ya apercibió a un millar de propietarios gallegos que alquilan pisos o habitaciones a través de webs de inmobiliarias y que no los declaran. Todo un aviso a navegantes sobre el cerco que rodea ya este foco de evasión fiscal. Además de este rastreo tecnológico, ese tipo de fraudes salen a la luz en ocasiones por una simple factura de la luz de un inmueble que no debería consumir porque, en teoría, está vacío. Solo con que los mil pisos investigados por Hacienda pagasen los 56,26 euros que exige la Xunta para su legalización, ya serían algo más de 56.000 euros que ingresarían de golpe las arcas públicas. A mayores estaría, por supuesto, la tributación correspondiente por cada uno de los alquileres efectuados.
Además de Hacienda, también la Axencia de Turismo de Galicia realizó el año pasado 266 inspecciones a negocios turísticos para hacer aflorar la economía sumergida, con visitas a hoteles, albergues, cámpings, pensiones y, sobre todo, pisos turísticos. El Clúster Turismo de Galicia cifra en 30.000 las viviendas de alquiler vacacional que deberían darse de alta con la entrada en vigor, en mayo, de un decreto que luego fue avalado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que todavía ofrece muchas incógnitas, porque la necesaria regulación del sector no despeja las dudas sobre los cambios que se están produciendo en las costumbres y preferencias de los turistas, que hacen prever una fuerte reconversión en el modelo de hospedaje tradicional.
Una mariscada barata
Junto al alojamiento, el principal gasto del turista que llega a Galicia es el de su manutención. Y ya se sabe que la buena mesa está garantizada en la comunidad y que el marisco, el pescado fresco y los moluscos de las rías son una tentación de la que a menudo uno se aparta por el precio. Pero esa factura se rebaja considerablemente si los ingredientes del plato no pasan por la lonja y, por lo tanto, no facturan. Puede parecer exagerado, pero no lo es; el sector calcula que un 25 % del pescado fresco que se comercializa en Galicia lo hace por la caja B, de tal manera que si la facturación oficial ronda los 500 millones al año, la cantidad defraudada asciende a 125 millones, la misma que el Gobierno central tiene previsto invertir en los próximos años en el saneamiento de Galicia, con la construcción de cuatro infraestructuras para el tratamiento y depuración de las aguas.
Inspecciones en las lonjas gallegas se hacen de forma discrecional, pero el año pasado se puso en marcha la operación Piélago, que dio visibilidad a un problema que no es exclusivo de Galicia, pero que tiene profundas raíces, sobre todo, en las Rías Baixas, donde hay quien dice que los beneficios del narcotráfico se quedan cortos ante los que arrojan las ventas por la puerta de atrás de pescado y marisco. Fue hace ocho meses. La Agencia Tributaria inspeccionó 21 lonjas de cinco comunidades; entre ellas, catorce gallegas, y se rastreó toda la correa de distribución, desde el armador al minorista.
En total, se movilizaron 150 funcionarios con el objetivo, como dijo en su momento el Ministerio de Hacienda, de «aflorar una presumible actividad parcialmente sumergida que ya quedó patente en inspecciones anteriores».
Si además de comprarle el marisco a un furtivo o a algún aficionado al llamado marisqueo de bañador, el dueño del restaurante no admite el pago con tarjeta, no estaría de más advertirle de que contar con un TPV o un lector de tarjetas es ahora obligatorio, y de hecho Hacienda anunció que este año extremará la vigilancia sobre los establecimientos que exigen el pago en efectivo, una vía habitual para esquivar las obligaciones con el fisco.
Visitas presenciales
Lo hizo cuando presentó el Plan de Control Tributario y Aduanero 2017. Entonces, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, puso el punto de mira en los establecimientos en los que es habitual preguntar si con IVA o sin IVA, y si bien dejó claro que no era un problema de un sector determinado, añadió que «aún hay algún restaurante en el centro de las ciudades que no admite tarjeta», y sobre ellos está previsto actuar con visitas presenciales, inspecciones en los establecimientos y controles de entrada y registro de la actividad.
Una vez acomodado y con el estómago lleno, el turista generalmente quiere ir a la playa. En Galicia, si el tiempo se lo permite. Y como el rayo de sol salió sin avisar y el visitante se tiró la toalla al hombro sin pensarlo más, de camino echó de menos una silla y una gorra, así que optó por entrar en uno de esos bazares orientales que hay siempre en primera línea de playa para hacerse a buen precio con los artículos necesarios. Y también ahí, aunque el cliente sea ajeno al fraude, se puede estar estafando al fisco. Al menos si se tiene en cuenta la campaña que lanzó el año pasado Hacienda contra la economía sumergida de productos chinos, con inspecciones en establecimientos de once comunidades españolas, siete de ellos localizados en Galicia. La operación Dragón se puso en marcha porque había la sospecha de que el 70 % de todas las compras y ventas en estos locales se realizaban por medio de la caja B.
El foco mecánico
Hace dos años, la Guardia Civil emprendió una campaña contra los talleres de coches que, como el del turista, cobraban las reparaciones sin emitir facturas, y sobre todo, contra aquellos que operaban sin estar dados de alta, un problema recurrente en algunos puntos del país. Entonces se detectaron 148 negocios ilegales, 16 que no estaban declarados y los demás, con algún tipo de irregularidad en un sector en el que el fraude está bastante extendido y que supone una competencia desleal muy fuerte para los que pagan sus impuestos, sobre todo en unos años de crisis en los que el sector del automóvil sufrió con especial virulencia y que obligó a muchos locales a echar el cierre.
Y todo ello sin mencionar aún los canales tradicionales del fraude, aquellos que ya entran en el plano delictivo y que, en Galicia, se asocian al contrabando de tabaco y al narcotráfico. Sorprendentemente, los datos escasean en estas actividades ilícitas de las que tanto se habla. En el caso de la droga porque, al tratarse de sustancias ilegales, no es fraude a Hacienda, sino un delito contra la salud pública y, por lo tanto, una mercancía que no tiene forma de entrada legal por las aduanas.
la droga en datos
Pese a ello, cuando hace quince años la mayor parte de la cocaína entraba en las bodegas de los barcos bajo el mando de patrones gallegos, se calculaba que los transportistas que introducían la droga en las Rías Baixas se quedaban entre el 25 % y el 30 % del beneficio total del negocio. Teniendo en cuenta que en el 2003 se confiscaron 48.000 kilos de cocaína y 727.000 de hachís, y aplicando el valor al que entonces estaban dichas sustancias en el mercado, se calcularon unos beneficios totales de 13.800 millones de euros de los que los narcos gallegos se llevaban en torno a los 1.500 millones anuales en dinero negro. Hoy en día hacer esa cuenta sería imposible, dada la diversificación del negocio del tráfico de drogas y la imposibilidad de controlar la que se introduce en contenedores, casi siempre en puertos de Levante o Andalucía.
Y en cuanto al contrabando de tabaco, es una actividad casi residual en Galicia a día de hoy. «Lo damos por erradicado», dice convencido Santiago Baleirón, presidente de la Asociación de Estanqueros de Pontevedra, que tuvo que lidiar durante décadas contra la competencia desleal y descarada de quienes vendían rubio de batea a los ojos de todo el mundo mientras los estanqueros y sus clientes entregaban en impuestos la mitad del precio de un cigarrillo. Quizás Baleirón eche muy pronto las campanas al vuelo, pero es cierto que si en los años 90 el tráfico en las tierras de Breogán suponía el 15 % del contrabando total en España, en la comunidad ese porcentaje no llega ahora al 5 %. O sea, que si en el 2016 se incautaron 14 millones de cajetillas en España, en Galicia fueron 5.000, lo que supone un fraude de 20.000 euros. Calderilla.
