El giro hacia las energías limpias centrará la política del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera. Diesel, carbón o centrales nucleares tienen los días contados
30 jul 2018 . Actualizado a las 19:12 h.La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable de las áreas de energía, cambio climático, medio ambiente y agua en el Gobierno socialista, ha aterrizado con un ambiciosa agenda de cambios bajo el brazo. Su objetivo, en esta legislatura reducida y atípica de alianzas frágiles en extremo, es sentar las bases para, como el propio nombre de su cartera ministerial recoge, cambiar el modelo energético y que, sin lastrar la competitividad de la economía, deje de ser una amenaza para el medio ambiente, revirtiendo el avance del cambio climático. «Hay que dejar de aplicar la política de la avestruz» y abordar el «imprescindible cambio de modelo energético», avanzando en la dirección que marca la UE, con la innovación y la modernización como claves. Los ejes principales se analizan a continuación:
LEY CONTRA EL CAMBI CLIMÁTICO. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que Ribera avanzó en su primera comparecencia ante el Congreso este mismo mes será el eje vertebrador de la política del ministerio. La ministra afirmó que «España no puede terminar esta legislatura sin esta ley», con la que el país debería cumplir los compromisos internacionales suscritos contra el calentamiento global, como el Acuerdo de París. Esta normativa, para la que el Ejecutivo necesita aglutinar el respaldo de los diferentes grupos políticos en el hemiciclo, incluirá, entre otras medidas, la obligación de que las empresas cotizadas publiquen un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono de su actividad. Ribera explicó que estos reportes permitirán testar cómo de bien se hacen los deberes en materia climática, además de impactar en el diseño de las estrategias de negocio del las compañías.
Pero las cotizadas no serán las únicas que deberán repensar cómo su funcionamiento incide en el entorno. Igualmente se pretende modificar la Ley de Contratación Pública para que incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos para todos los proveedores y contratistas de la administración.
Del mismo modo, el Banco de España tendrá que redactar informes periódicos sobre el estado de la economía nacional, sus riesgos, fortalezas y vulnerabilidades frente al preocupante cambio climático. La pretensión del ministerio es remitir la ley al Parlamento antes de que concluya el año porque, en palabras de Ribera, «no es de extrañar que sin un marco regulatorio adecuado la economía española no haya conseguido aún desacoplar en términos absolutos su crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto es un lastre para la competitividad». Así pues, la prioridad es clara.
?DESCARBONIZACiÓN. En este escenario, otro de los focos de atención será la progresiva descarbonización del país, que afectará de forma directa a Galicia, donde funcionan dos centrales térmicas que producen energía quemando este combustible fósil: Meirama y As Pontes.
El PSOE tiene en mente el 2025 como fecha límite «orientativa» para prescindir de él, aunque la ministra matizó que no había aún una «decisión cerrada». En cualquier caso, que el carbón debe quedar en el pasado parece incontestable -Bruselas también lo impone- y la línea roja que plantea el Ejecutivo coincide, de hecho, con el calendario de cierre que ya tienen algunas de las empresas que explotan las catorce centrales térmicas en funcionamiento en el país. Sin embargo, no todas están en esa situación, ya que Endesa pretende extender la vida útil de las plantas de As Pontes y de Litoral (Almería) hasta el 2045 -funcionan con carbón de importación y la eléctrica ha hecho una abultada inversión para adaptar las instalaciones y reducir su contaminación- y EDP quiere hacer lo propio con las de Soto de Ribera y Aboño, ambas en Asturias, hasta el 2030.
En cualquier caso, Ribera espera que en el horizonte del 2020 echen el cierre la mitad de las térmicas, ya que no han hecho las inversiones precisas para seguir funcionando con menos emisiones.
?ADIÓS A LAS NUCLEARES. Es, junto con la descarbonización, otra pata de la implantación progresiva de las energías renovables en sustitución de las convencionales, «sucias». El desafío, igual que en el caso del carbón, será diseñar un cierre ordenado de estas plantas cuando vayan cumpliendo 40 años de vida útil. «No tienen sentido. Ya no tienen futuro».
Otras medidas concretas son la prohibición del fracking (la extracción de petróleo o gas del subsuelo inyectando agua a presión en la roca) o nuevas exploraciones de hidrocarburos.
?El DIÉSEL, CON LOS DÍAS CONTADOS. Precisamente con esas palabras lo expresó la propia ministra a los periodistas en los pasillos del Congreso. Ribera argumentó que «durará más, durará menos, pero su impacto en la calidad del aire que respiramos es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida». A la alarma inicial de los conductores -cabe recordar que el diésel ha sido el motor preferido por los españoles en los últimos 20 años, tendencia que acaba de invertirse- le ha seguido una relativa calma, después de que el Ejecutivo explicara que la relegación del gasóleo también sería paulatina y se incardinaría en la aplicación del principio de que «quien contamina, paga», pero concienciándose para dejar de contaminar, por supuesto. Es decir, dentro de un diseño más amplio de fiscalidad medioambiental, se trata de aumentar el impuesto al diésel hasta equipararlo a la gasolina con el objetivo, para que el coste de contaminar sea disuasorio. La evolución deseable es hacia los vehículos híbridos o eléctricos, que actualmente suponen un escaso 6 % de las ventas
IMPULSO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS. El ministerio también tiene previsto revisar toda la normativa que se oponga al despliegue y crecimiento de las energías limpias. Ribera considera que precisamente la legislación ha impedido un mayor desarrollo de las renovables y también ha provocado desconfianza de los inversores en el país en dicho ámbito. «Y recuperarla no es fácil», subrayó.
En cualquier caso, como primer paso para ello, su departamento adoptará una serie de medidas de carácter urgente, como la derogación del denominado «impuesto al sol», que supone gravar la producción para autoconsumo doméstico. Este gravamen a las instalaciones solares de más de 10 kW de potencia lo impuso el anterior Gobierno con la negativa frontal de toda la oposición y de los afectados, y se considera una de las trabas que ha impedido el despegue doméstico de esta renovable. Porque, como sostiene la ministra, la transición del modelo energético en los próximos 30 años tiene que basarse en las renovables y en un consumo eficiente.
LA POLÍTICA DEL AGUA. Es otro de los ejes en los que trabajará el ministerio, ya que, tal y como advirtió en el Congreso la ministra, «los deficientes y preocupantes» niveles de depuración de aguas residuales que presenta España «no son de recibo». Por ello, anunció un plan de choque para paliar la situación.
La evidencia de tal necesidad quedó aún más patente esta misma semana, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya condenado a España por el incumplimiento de la correcta depuración de sus aguas residuales (en nueve núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes), imponiéndole 12 millones de euros de sanción.