Organismos como el FMI piden al Gobierno que agilice la reforma fiscal ante las modestas cifras de recaudación, apenas el 13 % del PIB, la más baja entre los países de la OCDE
20 oct 2019 . Actualizado a las 05:14 h.Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México hace diez meses prometiendo la cuarta gran transformación del país tras la independencia, la reforma y la revolución. Sin embargo, al menos en política económica y fiscal el Estado norteamericano no ha cambiado mucho desde su llegada al poder. Los presupuestos del 2020, que pronostican un crecimiento del PIB entre 1,5 y 2,5 puntos, confirman la tendencia a la austeridad promovida por el político izquierdista, con el objetivo de no endeudar al país. «No estamos aumentando impuestos. Se está financiando el desarrollo y el bienestar con la austeridad y no permitiendo la corrupción», señaló el presidente hace solo unos días.
Las cuentas del Gobierno registran sumas moderadas para el gasto social, inversiones en la petrolera Pemex, que prometió rescatar con dinero del contribuyente, y un aumento del gasto en Defensa para hacer frente, entre otros asuntos, a la conformación de la Guardia Nacional, que contará con unos 120.000 efectivos. En el fondo, no suponen un cambio radical.
Pero México, según reputados economistas e importantes organismos internacionales, deberá darle pronto una gran vuelta de tuerca a su política financiera si no quiere sobreendeudarse o realizar más recortes. El país tiene un problema: su recaudación. Ingresa apenas el equivalente al 13,1 % del PIB, según datos oficiales. Es la cifra más baja de los 36 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Tanto ese organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un extraño consenso, han reclamado al país que realice una reforma fiscal para aumentar la recaudación. «México debería considerar recortar las exenciones y limitar el número de tasas de IVA reducidas, al tiempo que compensa a los pobres mediante subsidios específicos. La aplicación de la tarifa estándar a una gama más amplia de productos ayudaría a combatir la informalidad y la evasión fiscal», pidió la OCDE tras analizar la situación del país.
López Obrador no parece dispuesto a activar un cambio radical pronto, ya que llegó al Gobierno prometiendo que no aprobaría una reforma fiscal (la última fue en el 2013) hasta el tercer año de su mandato, es decir, en el 2022. Pero si no aumenta los ingresos, no va a poder mantener los programas sociales que prometió, debido a que otra de las máximas de su Gobierno es no endeudar en demasía al país.
Impuesto de patrimonio
Tanto la OCDE como parte de los expertos mexicanos reclaman que el Estado comience a gravar las herencias y se mejoren los ingresos por el impuesto sobre la propiedad, que suponen un 0,3 % del PIB en México, frente al 1,9 % de media en los países más avanzados. Ante la desaceleración de la economía -que crecerá un 0,7 % este año, cuando el Gobierno pronosticaba un repunte del 4 %- y la presión de parte de su partido, López Obrador parece haberse puesto en marcha.
El Estado, por ejemplo, ha acabado con condonaciones de impuestos y ha aumentado las penas a los defraudadores fiscales, algo muy criticado por un sector de los empresarios, que considera la medida como una reforma fiscal encubierta. «Nada tiene que ver el pozolero que tasajea gente y los mete a un barril con ácido, con alguien que deja de pagar impuestos», criticó recientemente Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México.
Otros expertos advierten de que la recaudación es baja, pero los tributos no, recordando, por ejemplo, que el impuesto sobre la renta corporativa es del 30 %, y alertan ante mayores aumentos. La reforma fiscal podría acelerarse, e incluso aplicarse dentro de unos meses, si la economía continúa mostrando señales preocupantes.