Las transformaciones asociadas a este nuevo contexto en el que las mercancías y los capitales se mueven a nivel global casi con total libertad han tenido un efecto directo en la pérdida de soberanía de los países y en la configuración de variables como el mercado laboral. Los argumentos a favor y en contra de esta era de cambio son muy variados pero la aceleración del momento, inducida en buena medida por el desarrollo tecnológico, dificultad la capacidad de actualizar y definir los conceptos
10 nov 2019 . Actualizado a las 05:12 h.No es fácil encontrar una definición adecuada de lo que entendemos por globalización. La más común es definir este proceso como un (nuevo) contexto internacional en el que las mercancías y los capitales circulan casi libremente de un país a otro. Las personas tienen más dificultades para trasladarse ya que se imponen restricciones a la inmigración. Aunque esta definición podría ser aceptable, deja fuera aspectos muy relevantes de lo que significa la globalización. Uno de ellos es la pérdida de importancia de los estados y, en consecuencia, el predominio del mercado como sujeto activo en la política económica internacional. Veamos esto con detenimiento y tomemos el caso español como la referencia más cercana.
Vamos a comparar el marco institucional de la España de 1985 con la España del 2020. Las diferencias son muy notables. En 1985, España era un estado-nación y en el 2020 España es un estado-región. Veamos. En los ochenta, España disponía de aranceles frente al exterior que defendían la producción nacional frente a la competencia de las importaciones. Estos aranceles eran aprobados en el Parlamento español -la Ley de Bases Arancelarias- como un acto jurídico más de la soberanía nacional ejercida por los representantes del pueblo elegidos democráticamente. Desde 1986, con la entrada en la actual Unión Europea, estos aranceles se determinan en Bruselas: no existen frente al resto de socios de la UE y la Comisión Europea los determina frente a terceros países. Obligado cumplimiento.
En 1985, España disponía de una moneda propia, determinaba los tipos de interés y manipulaba la tasa de cambio de la peseta frente a las otras monedas. Al mismo tiempo, España supervisaba el sistema financiero y gestionaba las sucesivas crisis que se iban planteando en el sistema. Desde 1989, con la entrada en el euro por parte de España, es Fráncfort quien se hace cargo de la gestión de la política monetaria, pasando España a ser una especie de sujeto pasivo de obligado cumplimiento.
El Parlamento español gozaba además de total libertad para la confección del presupuesto público. Determinaba los ingresos y los gastos en función de las preferencias de la mayoría parlamentaria que sostenía al Gobierno. A partir de la entrada en el euro esto ha dejado de ser así. España, y cualquier otro país de la eurozona, puede establecer los impuestos que considere oportuno, pero, forzosamente, tiene que existir el IVA. Por el lado de los gastos puede hacer las políticas que le sean propias, pero la diferencia entre ingresos y gastos no puede superar el 3 % del PIB. A partir del 2011, este criterio se endurece al controlar muy de cerca los déficits permanentes (es decir, estructurales).
Es más, el denominado semestre europeo implica que los parlamentos nacionales de la eurozona deben enviar su proyecto de presupuestos a la Comisión Europea para su examen antes de su aprobación. Frecuentemente la Comisión sugiere cambios y modificaciones, sobre todo en lo relativo al control del déficit. Podíamos continuar así con bastantes ejemplos más. Todos van a ir en la línea de subrayar la pérdida de soberanía de los parlamentos nacionales y su cesión a entidades de ámbito supranacional, muchas veces de una legitimidad democrática en entredicho.
Podría decirse que el caso de España no es representativo en un proceso tan planetario como lo es la globalización. Podría argüirse que su pertenencia a la Unión Europea conlleva cesiones de soberanía que no son generalizables a muchos otros países que están fuera de procesos de integración como el nuestro. En contra, se podría argumentar que los mercados actúan sobre los déficits públicos -y sobre los niveles de deuda acumulada por los diferentes estados- de una forma implacable a través de, por ejemplo, las primas de riesgo de cada país en particular. Ya se calculen frente a la deuda alemana (deuda nominada en euros) o contra la deuda norteamericana (nominada en dólares).
Esta aproximación a la definición de globalización pone el acento en la pérdida de capacidad de los estados para manejar la situación económica en cada país. La globalización es un proceso que desarma a los estados nación de los instrumentos de política económica que le son propios y que, en definitiva, convierte a los estados tradicionales en entidades regionales que tienen que ajustarse a un entorno (tanto exterior como interno) que antes podrían definir a su conveniencia y que, ahora, tienen que tomarlo como un dato que les viene impuesto desde fuera y que no pueden modificar.
Trabajadores excedentarios
Las consecuencias de la globalización sobre los empleos han sido siempre motivo de controversia. La globalización ha significado el acceso de casi mil millones de trabajadores de países de todo el mundo al mercado internacional, inclinando a la baja los salarios en los países desarrollados y, lo más grave, generando desempleo en aquellos sectores más intensivos en mano de obra en estos mismos países. Está por ver si este fenómeno es transitorio o afecta de por vida a varias generaciones. La experiencia nos dice que los trabajadores excedentarios están siendo absorbidos en nuevas actividades más rápidamente de lo que se pensaba. Un dato: la tasa de desempleo en Estados Unidos (3,5 % en octubre) es la más baja desde los años cincuenta del siglo pasado.
Plantear el problema del desempleo vinculado directamente a la globalización oculta otro fenómeno en curso y de especial trascendencia. El desarrollo tecnológico podría ser responsable de tres de cada cuatro despidos en los países desarrollados y, simétricamente, de tres de cada cuatro contrataciones nuevas. El avance y el cambio tecnológico están generando en el mercado de trabajo de los países desarrollados más alteraciones que la globalización en sí mismo considerada. Y las transformaciones que están por venir van en esa línea: la conectividad 5G, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de producción...
Soberanía compartida
Los países pequeños ?y España lo es-tienen un margen de maniobra en este contexto global mucho más reducido que un país grande (China, USA, la UE y para de contar). Si se me permite, hay dos conceptos que me parecen muy útiles en nuestro caso: el patriotismo constitucional y el concepto de soberanía compartida. Veamos.
El concepto de soberanía compartida (elaborado por Anthony Giddens desde la London School of Economics) hace referencia al saldo neto que tiene un país por compartir su soberanía con otros países de su región. En el caso de la UE -y en el de España en particular- no me cabe duda de que la soberanía que cedemos a la Unión Europea se recupera con creces en términos de estabilidad económica e influencia política. El saldo neto en términos de soberanía es positivo para España. Por otra parte, el concepto de patriotismo constitucional (elaborado por Jürgen Habermas desde la Escuela de Fráncfort) remite a una idea de nación y de soberanía que abandona los viejos conceptos identitarios de lengua, raza, religión... para adoptar una idea del patriotismo basada en el estado de derecho, las libertades individuales y en la plena realización de la democracia económica.
Por cierto, el pasado 4 de junio se cumplieron 30 años de protestas estudiantiles y obreras de la plaza de Tiananmén. Hace ahora también 30 años de la caída del muro de Berlín (el 9 de noviembre) y casi 20 desde que comenzó el siglo XXI. A veces el tiempo corre tan deprisa que no es posible actualizar los conceptos.