El Gobierno vuelve a cargar las tintas sobre los cotizantes, es decir, sobre los trabajadores en activo
21 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Hubo un tiempo en que las pensiones eran tan sostenibles que la edad de jubilación podía rebajarse a los 60 años, podía eliminarse el factor de sostenibilidad, y podían revalorizarse con el IPC sin que ello menoscabase su viabilidad futura. Pasado este tiempo, que fue el de la campaña electoral, parece que el sistema ya no es tan perfecto y vuelve a estar en el centro de todos los debates.
La primera medida adoptada supone establecer un recargo a las cotizaciones sociales; concretamente, un incremento del 0,1% para los trabajadores y del 0,5 % para los empresarios. Es decir, que se vuelve a cargar las tintas sobre las personas cotizantes, cargando tributariamente a los trabajadores en activo. Un recargo, por cierto, que no supone ningún derecho a percibir una pensión mayor en el futuro: se paga hoy más por recibir lo mismo mañana. Una curiosa forma de entender un mecanismo que se denomina «equidad intergeneracional».
Lo anterior sería asumible si arreglase el problema, pero es que no lo hace. La eliminación del factor de sostenibilidad aumenta el gasto en pensiones en cerca de 0,9 puntos del PIB, mientras que esta subida de cotizaciones recaudará el 0,2 % en diez años. Es decir, que, en el mejor de los casos, el incremento permitirá cubrir el agujero derivado de eliminar el factor de sostenibilidad durante dos años. Quizá por esto, el propio ministerio prevé que si la medida no es suficiente llegarán nuevos recortes. Aparece ahí, en el horizonte, la posibilidad de alargar el cómputo de años para el cálculo de la base de la pensión. Una medida drástica que no solo reduce indirectamente el importe a percibir, sino que puede generar grandes distorsiones entre los futuros pensionistas. Por ejemplo, sabemos que la brecha salarial entre mujeres y hombres es objeto de atención reciente y que las mujeres vamos lentamente alcanzando salarios similares a los de nuestros compañeros. Pero sabemos también que nos hemos ido incorporando poco a poco al mercado laboral, máxime a puestos cualificados mejor retribuidos. Por tanto, no es difícil intuir lo que pasará con la pensión de las mujeres si nos retrotraemos a 35 años de cómputo salarial para calcularla. Quizá el Gobierno debería estar ya trabajando en un mecanismo de corrección, en vez de esforzarse en negar lo evidente, que para eso tenemos un Gobierno superfeminista.
Nadie niega que hay un problema con el sistema de pensiones. Pero es que la solución solo viene por un camino, que es el de la generación de empleo. No todos los empresarios son del Ibex-35 ni reciben windfall profits. De hecho, son la excepción a la norma del pequeño empresariado que pelea a diario por mantener su negocio a flote. A la hora de contratar, calcula el coste salarial, no el salario. Y a las subidas del SMI se les une ahora este nuevo impuesto al trabajo, que es lo que significa este incremento de cotizaciones si le sacamos la retórica gubernamental. Si a ello le sumamos el incremento de los costes de producción, la inflación y la crisis de suministros, no parece que el Gobierno esté ayudando precisamente a generar puestos de trabajo.
Decía el ministro Escrivá que no entendía por qué la patronal no se sumó al acuerdo firmado por Gobierno y sindicatos. Es decir, dos se ponen de acuerdo para que pague un tercero, y aún nos extrañamos. Preguntémonos en esta tríada quién pelea por levantar la persiana a diario, quién se esfuerza por generar empleo y riqueza, y probablemente sepamos quién tiene la razón.
María Bastida. Profesora de Economía de la USC