Algo importante está pasando con las políticas económicas. Cuando se trata de clasificarlas y distinguir entre ellas, el primer criterio que se suele usar es separar las que actúan «por el lado de la demanda» de las «de oferta». Durante décadas el principal protagonismo de la acción económica de los Estados se situaba en las primeras, es decir, aquellas que tratan de incidir sobre variables como el consumo, el ahorro o el gasto público, buscando la estabilización de la economía —o dicho de otro modo, la eliminación de sus desequilibrios— en el corto plazo. No es que este tipo de intervenciones ahora ya no tengan importancia; por el contrario, tienen mucha: piénsese, por ejemplo, en la gran presencia pública que tienen ahora mismo los bancos centrales, que se definen como la autoridad en materia monetaria.
La novedad está en otro punto. Por primera vez en mucho tiempo, parece que hay otro tipo de intervención aún mas relevante: la que se registra «por el lado de la oferta», es decir, que toma como referencia, ya no la estabilidad, sino el impulso de la eficiencia de la economía. Se habla así cada vez más de una nueva y prominente política de oferta.
Y es curioso recordar que en los tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, es decir, allá por la década de 1980, se inventó esa misma expresión para impulsar de la manera más descarnada el paradigma de los mercados desregulados. Lo que desde entonces pasó a denominarse supply-side economics fue una parte fundamental del experimento ultraliberal, que se extendió con fuerza por buena parte del mundo.
Pues bien, ahora mismo, la expresión nueva política de oferta se utiliza para todo lo contrario: para designar el nuevo papel de los Estados como mecanismo central de coordinación e impulso de los complejos procesos de transformación tecnológica y productiva en marcha (que en otras ocasiones hemos denominado «destrucción creativa a gran escala»). La primera en hacerlo fue, hace aproximadamente un año, la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, una economista académica, por cierto, de mucho prestigio. Lo que hay detrás de esa formulación —a la que intentan dar ahora mismo un sólido soporte teórico autores como Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard— es un ambicioso propósito de transformar los sistemas productivos, multiplicando la fuerza de los vectores de innovación.
Es eso precisamente lo que está detrás de los programas de resiliencia que se están poniendo en marcha, a una escala inversora antes probablemente nunca vista, en Europa y Estados Unidos. En la búsqueda de nuevos espacios de interacción, de nuevas complementariedades y sinergias, entre los sectores público y privado (que se concretan, para el caso de España, en la elaboración de los llamados PERTE) aparece una posibilidad real de avanzar en una trayectoria transformadora de las políticas industriales. Y aún más que eso: la ambición y la enorme escala de los programas estratégicos de transformación ha hecho que a lo largo de los dos últimos años se haya abierto incluso una competencia abierta entre las autoridades europeas y norteamericanas para impulsar las energías renovables o industrias como la del coche eléctrico, usando grandes ayudas de Estado. Mirando a un futuro muy incierto y a través de procesos de gran complejidad, la política económica se está, en buena medida, reinventando.