La vivienda de protección oficial es un instrumento creado para ayudar a acceder a ese bien a las familias que, por sus condiciones sociodemográficas o económicas, no pueden adquirirla en el mercado. Son familias que, de modo general y dependiendo de la comunidad autónoma, no ingresan más de 5,5 veces el IPREM (39.600 euros). Hoy el 76 % de los hogares españoles potencialmente podría tener acceso a este tipo de vivienda, pero en la práctica solo el 0,1 % de ellos disponen de este tipo de construcción residencial.
En España se construyeron un total de 1,3 millones de viviendas protegidas entre 1991 y el 2013. A partir de ese año, la edificación cae hasta situarse en niveles próximos a las 9.000 viviendas anuales debido a la crisis financiera del 2008, a la eliminación de las subvenciones, las desgravaciones fiscales y a las mejoras para la financiación de estas promociones. Las Administraciones públicas cortaron drásticamente la asignación de créditos presupuestarios para este concepto: al máximo de 4.000 millones de euros del año 2009 se aplicó a partir del 2012 un recorte de un 50 % dentro de las medidas de reducción del déficit público, hasta dejarlo en un 0,2 % del PIB anual.
En la actualidad, tal y como se establece en el preámbulo de la Ley 12/2023, de 24 de mayo (BOE 2023) por el derecho a la vivienda, existe un parque en alquiler de titularidad pública de 290.000 viviendas. Da cobertura a un 1,6 % de los hogares en España. Además, ese porcentaje está muy lejos de los «objetivos específicos» de lo estipulado en esa ley de «alcanzar, en 20 años, un parque mínimo destinado a políticas sociales del 20 % respecto al total de hogares que residen en aquellos municipios en los que se hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado».
España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta el 2030 para satisfacer la demanda y los planes de las Administraciones son muy enclenques para una emergencia como esta.
CARLOS BALADO es profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.