Mujeres y niños primero, era un código de conducta en salvamento marítimo para proteger a los más vulnerables ante una situación extrema y ante unos recursos de supervivencia limitados. Aunque con el tiempo se fue descubriendo que quizá tenía más de mito o de imagen que de comportamiento real, lo cierto es que , ese código debería seguir para hacer frente al incremento y cronificación de la pobreza tanto en España como en Galicia.
De los últimos estudios y publicaciones se desprende que una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestra comunidad y el dato crece entre la población femenina. La presencia de menores de edad aumenta la posibilidad de que los hogares se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión y si, además, la familia es monoparental con una mujer en solitario, la tasa de pobreza es aún más elevada que los hogares cuyo único progenitor sea un hombre.
La diferencia entre las tasas Arope de los hogares encabezados por una mujer y aquellos encabezados por un hombre en solitario indica claramente cómo el sexo femenino del adulto de referencia supone un vector de empobrecimiento mucho más decisivo que la presencia, en sí misma, de un solo progenitor.
Bajo el título Derechos, calidad de vida y atención a la infancia, el Consejo Económico y Social de España (CES), presidido por un economista gallego de referencia, Antón Costas Comesaña, presentó hace unos días un documento que recoge conclusiones, reflexiones y recomendaciones de alto valor que nos deberían obligar a dejar el relato y ponernos a la acción. Según los últimos datos del año 2022, la tasa de pobreza monetaria en España es del 27,5 % frente al 19,3 % de la UE-27 y que uno de cada diez menores esté en lo que se denomina carencia material severa, no es que sea una debilidad, es que es inmoral. Las políticas centradas en la infancia no son un gasto aunque tengan un coste económico, tienen que percibirse como una inversión social y, como tal, con un enfoque a largo plazo y con un retorno dilatado en el tiempo y sostenido.
Las personas en situación de pobreza durante la infancia pagan un coste individual muy alto tanto en educación y nivel de estudios, como en salarios y condiciones laborales; unido a que la probabilidad de tener mala salud física y mental es más elevada que las personas que no han estado en dicha situación. Todos estos costes individuales se traducen en un coste colectivo que la OCDE estimó en un 4,1% del PIB y que estudios posteriores ya han ampliado al 5% de dicho indicador. La pobreza infantil supone pérdida de productividad, un mayor gasto sanitario, una menor recaudación impositiva en términos de IRPF y cotizaciones sociales.
Nunca antes hemos tenido tantas medidas dirigidas al bienestar infantil y de protección para la infancia por parte de la administración, tanto estatal como autonómica e incluso locales. Elevadas tasas de escolarización en etapas no obligatorias como la educación infantil, tanto en el segundo como en el primer ciclo, sistema de salud equitativo para la infancia, gratuidad de material y libros de texto y ayudas al estudio, así como de comedores escolares, prestaciones sociales dirigidas a determinados colectivos, desgravaciones en el IRPF para familias con descendientes …
Y con esos mimbres no hemos sido capaces de confeccionar un cesto con el que proteger a los más vulnerables.