DESPUÉS de las grandes escenificaciones en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, cualquiera diría que el proceso de normalización democrática en el País Vasco, que se preveía «duro, largo y difícil», debería haber sido, cuando menos, más prolongado, más negociado y, al cabo, más fértil. No fue así, y la culpa es sólo de ETA y de sus patéticos acólitos de Batasuna, que, como bien dijo el líder del PNV Josu Jon Imaz, después de hartarse de denunciar el estancamiento del proceso, ahora se apresuran a decir que está más vivo que nunca. ¡Paradojas del terrorismo! La realidad es que el alto el fuego ha empezado y ha terminado cuando ETA ha querido, como ocurrió en tiempos de Felipe González con las negociaciones de Argel y después con las que intentó Aznar desde el Gobierno. Por ello ya no es válida la afirmación de que ETA es impredecible (difundida por nacionalistas y socialistas vascos). La organización terrorista vasca es cada vez más predecible y su trayectoria permite pocos equívocos y, por desgracia, menos esperanzas. Su sentido del diálogo se agota ante la primera contrariedad, que usa siempre como pretexto para retornar a las bombas. ¿Cuál ha sido la contrariedad esta vez? Que las cosas no se estaban haciendo a su gusto. Es decir, que el Estado no se rendía o que el ilusionado Zapatero no hacía las concesiones que ellos esperaban de su buenismo pacificador y pretendidamente entreguista. Pero el presidente no estaba para tales excesos, por más que tratase de minimizar la importancia de la violencia callejera o el robo de pistolas. Lo positivo era que ETA no había vuelto a matar. Y esto era cierto. Lo fue hasta la salvajada de Barajas. Pero ya no lo es y, por lo tanto, el mal llamado proceso de paz se ha ido al garete. Los vaticinios reticentes del PP dieron en la diana, y Zapatero vuelve al tiempo previo al alto el fuego para consensuar una nueva lucha antiterrorista. Probablemente le costará enterrar las esperanzas surgidas en este tiempo, pero debe hacerlo si quiere lograr un sistema eficaz de represión y derrota del terrorismo. La sociedad democrática tiene derecho a creer en la victoria. Y el Gobierno debe dirigir la lucha en esa dirección.