EL MAYOR conflicto político anunciado para el otoño, todo un terremoto, se producirá en Euskadi. Será el día en que el lendakari Ibarretxe se presente ante el Parlamento o los medios informativos y comunique la convocatoria de una consulta popular o referendo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos vascos digan cómo quieren que sea su futuro político. El señor Ibarretxe, debidamente espoleado por su Gobierno, está empecinado en la idea. Es su gran promesa electoral y, a falta de otros resultados que presentar a la sociedad, lo entiende como un compromiso moral que debe cumplir. La idea asusta, por no decir que horroriza, incluso a su propio partido, el PNV. Lo asusta tanto, que su presidente, el señor Imaz, se vio obligado a publicar un artículo este fin de semana en la prensa vasca, que terminaba al estilo de las pancartas de víctimas del terrorismo: «No en nuestro nombre». Josu Jon Imaz enumeró los riesgos de ese debate, que calificó como «otra maraña», y llegó a la conclusión de que podría ser una disculpa para que ETA siguiera matando, en el caso de que la voluntad popular vasca no fuera atendida por el Estado. La posición de Imaz fue simplificada en la mayoría de los análisis como un enfrentamiento interno del PNV. Se presentó como la eterna facción moderada enfrentada a la radical, las dos almas que desde siempre conviven en el nacionalismo democrático. Y, como Imaz ve que ahora no hay condiciones para el diálogo con terroristas y sólo cabe la acción policial, algún periódico supuso que se sumaba a las tesis del Partido Popular. No, señores. El tema no es ése. O no es sólo ése. El tema es que el Gobierno vasco, una vez fracasado el llamado Plan Ibarretxe, sigue buscando fórmulas que permitan lo que el lendakari llama «una relación cordial con España», es decir, lo más fuera de España que pueda. El tema es que, al no conseguirlo por la vía parlamentaria normal, quiere delegar su autoridad en el pueblo, para mostrar una nueva legalidad emanada de esa consulta. Y el tema es que el señor Imaz hizo una protesta razonada, pero al final se impone el espíritu del partido y ahora ya dice que «irá de la mano de Ibarretxe». La razón de partido se terminará imponiendo a la razón de la lógica. ¿En qué norma jurídica se sustentan para hablar de consulta popular? En ninguna. ¿Qué mecanismos tiene el Estado para impedirla? Había una, de Aznar, que era meter en la cárcel a quien lo convocara, pero Zapatero la derogó. ¿Se puede convencer a Ibarretxe de que renuncie a esa peligrosa idea? Si ni siquiera Josu Jon le consigue apear, mucho menos se conseguirá desde Madrid. Yo sólo puedo decir: preparémonos. Algunas cabezas, en vez de pensar, se han puesto a embestir.