S i fuese verdad que Garzón es más fiable que el aparato que lo ha juzgado, estaríamos perdidos, y la necesidad de reconstruir el sistema judicial, procesal y penal sería una prioridad equiparable a la lucha contra la crisis. Porque la lógica dice que es el sistema el que tiene que dar autoridad y mesura a las personas que lo administran, y si la degradación hubiese llegado al punto de invertir tan obvia y elemental premisa, hasta concluir que Garzón es más justo que la Justicia, tendríamos la prueba incontestable de que la democracia ha fracasado en la transición judicial.
La forma en que se procesó y juzgó a Garzón es opinable, pero es la misma que se utiliza para procesar a todo el mundo. Y si alguien apreció abuso, formalismo o discrecionalidad, debe saber que los ejemplos que precedieron al caso Garzón pueden citarse por miles. Que el delito de prevaricación -lábil e impreciso- se ha convertido en el instrumento más arbitrario de la Justicia española -que puede ver la brizna en el ojo de un político, pero no ve la viga en el ojo del otro- es una experiencia reiterada que ya forma parte de la cultura popular. Pero ¿acaso Garzón no sabía esto? ¿Acaso puede tirar la primera piedra sobre los que ahora lo juzgan a él? ¿Acaso no fue él el inventor de los procesos penales que obtienen mejores y más rápidos resultados que las sentencias?
El problema de fondo es la intervención de las comunicaciones entre el abogado y su defendido, que la Ley General Penitenciaria autoriza para los supuestos de terrorismo (art. 51.2) y que Garzón extendió, muy a su estilo, al blanqueo de dinero. Y la cuestión no es si Garzón acierta al interpretar que en el caso Gürtel hay terrorismo económico, sino en preguntarnos cómo una aberración jurídica como el mencionado artículo 51.2 puede entrar en el ordenamiento español, al socaire de la lucha antiterrorista y su «vale todo», sin que nadie nos libre de los que se empeñan en defender nuestra libertad por encima de la Constitución y de los principios más sagrados del Derecho.
Si defender a Garzón significase revisar este entuerto, y establecer que Garzón es una víctima -por exceso de celo y de personalismo- de la instrumentación policial de la Justicia, yo estaría de acuerdo. Pero si lo que se quiere es mantener el aberrante sistema de fondo, y absolver a Garzón porque es mejor que los que lo juzgaron, no seré yo quien participe de esa ceremonia. Porque lo que a mí me duele es que la demagogia política, la cultura mediática y la incompetente y politizada vigilancia constitucional estén degradando una Justicia que ya ha llegado a la peor de las situaciones posibles. Porque cuando actúa bien defrauda a todo el mundo, y cuando va a trollo por el trigo granado es ensalzada y valorada con criterios cada vez más elementales y reaccionarios.