H ay una pregunta muy sencilla que se suele hacer el pueblo llano: ¿se puede saber quién manda aquí? En nuestra democracia se han dado respuestas entretenidas: los poderes fácticos, porque a alguien había que echarle la culpa; los militares, tras el golpe del 23-F; los jueces, que corrigieron algunos excesos de la mayoría absoluta de Felipe González; los compañeros de pupitre de Aznar; los sindicatos, hasta el punto de que a Cándido Méndez se le llamaba «el cuarto vicepresidente de ZP». Y ahora, con Rajoy, la tenencia del poder real se atribuye a la señora Merkel.
Ruego que presten atención al Tribunal Constitucional. No es que sea un tribunal de garantías constitucionales. Es que está corrigiendo la gobernación de asuntos diarios. Sus últimas sentencias van en esa línea. Primero le echó una mano al Gobierno ordenando que no se pague la extra de Navidad en las Administraciones Públicas. Con ello se convirtió en auxiliar de una decisión política en un asunto que, en principio, no afecta a la Constitución. Después le ordenó al Gobierno vasco que imponga el copago sanitario, lo cual es igualar a todas las autonomías. Y lo último y más llamativo, hacer que los inmigrantes sin papeles tengan derecho a sanidad pública. Es el primer golpe serio a la política de austeridad.
Lo más interesante del auto, a la espera de sentencia, es la argumentación de fondo, que se puede resumir así: el derecho a la salud es prioritario, porque está reconocido en la Constitución. El ahorro económico no puede limitar ese derecho. Le tengo que plantear al profesor (y maestro) Blanco Valdés si no sería justo aplicar la misma filosofía a los demás recortes sanitarios, porque hay comunidades donde se han cerrado quirófanos y se ha limitado la asistencia. Y, por extensión, ¿son constitucionales los recortes en educación, que también pueden afectar a un derecho social básico? Y algo más: ¿se puede recurrir al altísimo tribunal un desahucio, porque deja a una familia sin derecho a vivienda por una razón económica casi siempre involuntaria?
Ahora bien: tiene trabajo el tribunal. En un día se anuncia que tendrá que pronunciarse sobre las tasas judiciales y tendrá que volver al redil a Cataluña, que lanzó la primera andanada de la nueva legislatura con su impuesto sobre depósitos bancarios. Las comunidades autónomas pasaron treinta años sin usar su capacidad de recaudación más que en asuntos menores y ahora están dispuestas a desquitarse. Como esto siga así, el desmadre autonómico está garantizado. Y ahí es donde tiene que poner orden, y mucho, el Tribunal Constitucional. En tiempo de abundancia, porque las autonomías despilfarraban el dinero. En tiempo de escasez, porque nos quieren esquilmar.