Dimisión espectacular: 320 jefes de ambulatorio de la Comunidad de Madrid firmaron ayer un escrito de renuncia a sus puestos, en protesta por la privatización de la gestión sanitaria en seis hospitales y 27 centros de salud. Pero dimisión inútil, porque la autoridad autonómica de Madrid avanza sin mirar a los lados. Si dimiten unos jefes, nombra otros, y punto. En medio de una fenomenal protesta sanitaria aprobó esa privatización en la Asamblea. Con un aviso de recurso al Constitucional, aprobó también el euro por receta, lo que se interpretó como un pulso a Rajoy. Si Esperanza Aguirre aún fuese la presidenta, estaríamos diciendo asombros de su valentía. Como ya no lo es, hay que certificar que ha creado y dejado buena escuela.
Pero este conflicto me importa poco. Lo que me importa es lo que hay detrás: el proceso mismo de privatización. O de externalización, que dicen ahora para disimular. Estamos a punto de asistir a un milagro que se puede resumir así. Fase 1: el Estado, en cualquiera de sus escalones, tiene un servicio público. Fase 2: como administrarlo sale caro, decide que otro se lo administre. Y fase 3: el otro se lo administra, y da como resultado que el Estado ahorra dinero (en Madrid, 200 millones de euros/año), el nuevo administrador también gana dinero, mejora el servicio, se garantiza el empleo a los empleados, y los usuarios, encantados con el cambio. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no se nos habría ocurrido antes?
Negocios o prodigios así se han visto pocos en la historia de la humanidad. Son lo más próximo a lo contado de las bodas de Caná o los panes y los peces. Si ese es el resultado, podemos convenir que las Administraciones públicas tienen déficit porque quieren. Si cogieran cada servicio que tienen encomendado y lo entregaran a la iniciativa privada para que lo gestionase, se acabarían las penalidades, se daría dinero a ganar a multitud de empresas, se emplearía a mucha más gente, mejoraría la satisfacción ciudadana y todos tan felices. Si una empresa privada es capaz de gestionar la sanidad, no veo por qué no puede gestionar el papeleo para abrir una tienda, dirigir el tráfico, poner radares o planificar el tren de alta velocidad a Galicia. Y no cito a la educación, porque ya va por ese camino.
Eso sí: metidos a privatizar la gestión, se podría privatizar también la propiedad. Al fin y al cabo, cuando usted va al ambulatorio, ¿se le ocurre pedir la escritura de titularidad? Y otra cosa: si las Administraciones públicas no sirven para gestionar sus propios servicios, ¿para qué sirven? Mejor cerrarlas. Mejor privatizar toda la gestión del Estado. O el Estado mismo. Con eso se resolvía el problema de las autonomías. Y a lo mejor el de Cataluña.