Las opiniones que sobre las instituciones públicas o la clase política tienen los ciudadanos cambian con lentitud; solo la aparición de un acontecimiento relevante modifica, para bien o para mal, la percepción que se tenía. Eso es lo que ha venido ocurriendo con el rey y la Casa Real, e incluso con la monarquía, que desde la instauración de la democracia, se situaba en los primeros lugares por valoración. Pero ahora y a consecuencia de los escándalos conocidos, su valoración ha descendido a los últimos lugares.
De la Casa Real, hasta hace poco, solo se sabía, y ello en abundancia, lo que aparecía en las revistas de corazón, y lo que contaban los «entendidos», que no llegaba a la mayoría de los ciudadanos. La existencia de un pacto tácito de silencio por parte de los medios de comunicación, en lo que ser refiere a las cosas de palacio, hacía opaco lo que allí se venía moliendo. Pero todo tiene un límite y el affaire Corina/elefantes/ausencias, lo ha superado. El pacto se ha roto, y hoy se habla en los medios de la «amiga del rey» con normalidad. Además, sigue vivo el asunto Urdangarin/infanta.
En los negocios del yerno e hija, la sociedad española ya se ha formado opinión, y lo que es grave, descalificadora sin matices. La ambición no tiene límites y descubiertos no se han disculpado sino que se han escondido. Se dice de los delincuentes cuando declaran negando cosas evidentes, que su manifestación es una verdad estólida, que solo tiene amparo por el derecho constitucional a no declarar contra sí mismos.
Está en su derecho el matrimonio de no facilitar la instrucción del procedimiento judicial que se sigue en Palma, no prestándose a declarar y dificultarla aportación de las declaraciones de IRPF o intentar la nulidad de lo actuado. Pero si bien es cierto que todo delincuente tiene derecho a no confesar, es impropio que el matrimonio actúe de la misma forma. Lo correcto, dada su condición, sería ponerse a disposición de las autoridades judiciales y colaborar para esclarecer el asunto. No han escogido el buen camino. Con sus actitudes y comportamientos a nadie extraña la baja estimación social a la que ha llegado la Casa Real. Y esperemos.
Desde hace unos dos meses, estamos a la espera de saber el destino y lugar de ubicación de la herencia que el rey recibió de su padre en 1993. La noticia fue recogida por los medios, con lo que alcanzó notoriedad. Hasta hoy no ha habido contestación. Y si bien es cierto que nada legalmente le obliga, no es inimaginable que no lo haga. Él, que ha recibido del erario público para el presente año la cantidad de 7.933.710 euros, de los que dispone libremente, no puede permanecer más tiempo sin explicar qué hizo con la herencia. La transparencia es obligada.