«Cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato». Se atribuye al poeta James Whitcomb Riley (1849-1916) esta célebre sentencia, utilizada después con fines muy dispares, e incluso contrapuestos. Mientras el bardo estadounidense pretendía expresar con ella una crítica a quienes utilizaban circunloquios para ocultar la verdad, el embajador de Estados Unidos en Guatemala John Emil Peurifoy la recuperó en los años 50 para justificar el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, indicando así que no hacían falta más pruebas para acusarlo de ser un comunista. Lo mismo hizo en 1959 el cardenal de Boston Richard Cushing para acusar a Fidel Castro de actuar como un comunista por haber incautado fondos a la Iglesia.
La guerra contra el comunismo, la fría y la caliente, acabó hace tiempo. Pero, acogiéndonos a la intención primigenia de Whitcomb Riley, cabría decirle a los dirigentes del PP que desistan de una vez en su contumaz intención de convencer a los ciudadanos de que lo que a todas luces es un pato, resulta ser en realidad un cisne.
Es obvio que los tribunales tendrán que probar, y no les resultará fácil, que el PP lleva décadas financiándose de manera ilegal. La historia nos indica que la Justicia española tiene la manga más ancha de lo habitual a la hora de tratar este tipo de delitos. Ahí está el caso Filesa, en el que tras la imputación de 50 personas por la financiación ilegal del PSOE en las campañas electorales del año 1989, en el juicio celebrado ocho años después, en 1997, solo fueron condenados a penas mínimas tres dirigentes socialistas. Y está también el caso Naseiro, en el que el PP se libró de un juicio por financiación irregular debido a unas escuchas realizadas de manera ilegal. O el escándalo de Unió, al que sobrevive sin problemas su presidente, Josep Antoni Duran i Lleida. Pero nadie duda de que en los tres casos hubo financiación ilegal.
No solo los jueces, sino al parecer también los ciudadanos, parecen dispuestos a minimizar este tipo de conductas. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acaba de recordarnos que «la financiación ilegal en España no es delito». De modo que la clave del caso Bárcenas no son las responsabilidades penales, sino las políticas. Es posible que Rajoy pretenda que esperemos a que se dicte sentencia por este caso dentro de ocho años, cuando él esté felizmente jubilado, para reclamar que se depuren responsabilidades. Pero si esa es su intención, debe saber que se equivoca. Una cosa es que allá por el 2020 alguien sea condenado por la financiación ilegal del PP. Y otra muy distinta es que haya dirigentes populares que, según empieza a cantar Bárcenas, se lo llevaban crudo a casa. Algo que resulta obvio, empezando por el propio Bárcenas. Con sentencia o sin ella, Rajoy no va a conseguir nunca convencer a los españoles de que no hay patos en el PP.