Esto ya no es lo que era. Antes, los jueces solo hablaban a través de autos y sentencias. Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inaugurado una nueva moda: utiliza Twitter para defenderse y explicar sus resoluciones. Es su derecho, supongo, aunque, como toda innovación, tenga algo de herejía para quienes hemos sido formados en la cultura del silencio judicial. Efectuado este asomo a la novedad, vayamos al fondo del asunto. ¿De qué se defiende Pedraz? De las duras críticas de un dirigente del Partido Popular vasco por autorizar la «cumbre de asesinos de ETA» celebrada en Durango. Ese sí es un tema serio, más allá del uso debido o indebido de las redes sociales. Ante ese acontecimiento creo que son urgentes tres reflexiones.
Primera: con las leyes en la mano, era muy difícil prohibir esa reunión. Los asistentes son humanamente deleznables. Su biografía se resume en lo que dijo y en lo que calló su portavoz Kubati. Lo que dijo es que los reunidos habían cumplido cerca de 1.500 años de cárcel. Lo que calló es que han matado a más de 300 personas. Pero han cumplido condena y son ciudadanos libres, con todos sus derechos cívicos. Aunque su historia y su ideología repugnen, no se les puede negar su derecho de reunión. Duele escribirlo, escuece en lo más profundo del alma, pero así es la legalidad.
Segunda: algún día habrá que considerar el papel de los medios informativos y de la clase política, singularmente la del PP. Tantas portadas que hemos visto publicadas, tantas fotografías de la cumbre, tantos artículos y declaraciones, tantos posicionamientos de ministros ¿de verdad son proporcionales a la importancia objetiva de la reunión? Creo que no. Existe una tendencia a magnificar todo lo que ocurre en torno a ETA, desde los comunicados a las acciones aisladas de sus miembros. Al magnificar todo eso, políticos y periodistas nos convertimos en propagandistas involuntarios de la propia ETA. Presos y agentes de Bildu no necesitan más que hacer cualquier cosa o escribir cualquier papel. De la difusión y exaltación, aunque sea crítica, nos encargamos los demás.
Y tercera y fundamental: está claro que el entorno etarra se mueve. Tiene iniciativa. Ha descubierto que la vía política les permite más avances en su utopía independentista que el tiro en la nuca. El Gobierno de la nación tiene que contar con ello. Es la nueva realidad. Por tanto, tiene que responderles con acciones políticas. Responder con acciones políticas supone asumir la dirección política y no delegar en los jueces toda la responsabilidad. Y convengamos en que eso es lo que está pasando: este Gobierno pretende que los jueces le quiten todos los problemas de encima. Y esa no es la solución.