Hace poco tiempo, el Gobierno español dio un golpe de mano parlamentario y liquidó la llamada justicia universal. Lo hizo en solitario, sin apoyo de ningún otro grupo, y movido por miedo diplomático: la orden de la Audiencia Nacional de detener a altos dignatarios de China, que indignó al Gobierno de ese país. Para que luego hablen de la soberanía del Estado español: es soberano mientras no se enfrenta a otro Estado más poderoso. Si hay ese enfrentamiento, se apagan los motores y se cede a sus condiciones. Si hay que cambiar una ley, se cambia. O, como alegan los nacionalistas catalanes, se cambia incluso la Constitución si lo pide la señora Merkel. Eso es la realpolitik.
En este espacio encontramos motivos para justificar la medida. Hay antecedentes que demuestran que algún magistrado utilizó el hermoso concepto de la justicia universal para reafirmar su propio estrellato. Ofende que en los tribunales se pudran los casos que nos afectan y se eternicen las instrucciones, mientras sus titulares se entretienen en asuntos lejanos y en peleas estériles por imposibles. Nadie se tomó en serio, por ejemplo, la posibilidad de ver a los dirigentes chinos sentados en un banquillo de la Audiencia Nacional. Pero señalábamos una excepción: el caso de José Couso. Es muy triste que se pueda asesinar a un ciudadano español y que el delito quede impune.
Ahora asistimos a otros daños colaterales del golpe de mano: la puesta en libertad de narcotraficantes, que seguramente serán seguidos por otro importante grupo, y ya se habla de decenas que están en nuestras cárceles y que cuentan los días que les faltan para salir de prisión. Como esos delincuentes traían su mortal mercancía en un barco que no tenía bandera española y navegaban por aguas internacionales cuando fueron detenidos, no se puede hacer nada contra ellos de acuerdo con la nueva ley. Esto es escandaloso a ojos de la opinión pública. Si el señor Ruiz-Gallardón tuviese la humildad de hablar con el Servicio de Vigilancia Aduanera, podría pulsar la desmoralización que existe entre sus agentes, conocidos como sevas. Estos servidores públicos, únicos policías que no dependen de Interior, se han jugado la vida en la persecución del narco. Son agentes altamente especializados. Y ahora ven cómo se abre un territorio de impunidad para el delito más odiado y por ellos perseguido.
Digo yo que el Gobierno podía corregir algo, antes de que el daño sea mayor. No pasa nada por arreglar una ley si se comprueba que tiene aspectos negativos o peligrosos. Ningún Gobierno se hunde por rectificar cuando percibe que una decisión o una norma trae perjuicios imprevistos. Y mucho menos, por retirar algo que empieza a producir alarma social.