Basta con analizar algunos hechos y declaraciones de la pasada semana para tomar el pulso a este país. Después de Gürtel, los ERE, Bárcenas, Urdangarin o el caso Palau, el fiscal general del Estado asegura en sede parlamentaria que faltan leyes y medios para combatir la corrupción sin que se les caiga la cara de vergüenza a los dos grandes partidos. El Gobierno inyecta otros 40.000 millones a los bancos en activos fiscales avalados. Un segundo rescate silencioso, sin ningún debate político, después de los más de 41.000 prestados por la UE. Las ayudas a la banca superaron los 107.000 hasta el 2012. Al menos 40.000 se dan por perdidos. El contribuyente paga, pero el crédito sigue sin fluir sin que el Gobierno tome cartas en el asunto. Miguel Martín se despide de la presidencia de la Asociación Española de Banca diciendo que «no merece la pena para ganar dinero dedicarse a la banca». ¿Cómo es posible tal desfachatez con los sueldos e indemnizaciones que cobran los directivos? La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, afirma que hay un millón de ninis que no sirven para nada y reclama que se reduzcan las indemnizaciones por despido, el salario mínimo y los subsidios de paro porque crean «parasitismo». Lo grave es que dice a lo bestia lo que piensa una gran parte del empresariado. Este es el país donde no se pone coto legal a la corrupción, los procesos se alargan ad infinitum -salvo los de los jueces que la persiguen-, se dedican ingentes recursos a ayudar a la banca sin contrapartidas para las entidades y representantes de los grandes poderes económicos se dedican a humillar a los seis millones de parados con declaraciones y propuestas abyectas. Entre otras muchas cosas.