La cósmica confusión, adobada con una formidable demagogia, de los partidos de extrema izquierda españoles ha vuelto a ponerse de relieve con ocasión de la sucesión en la Jefatura del Estado.
El argumento -¡es un decir!- repetido una y otra vez por los líderes de IU y del independentismo de izquierda es que la proclamación del nuevo rey se ha producido sin que el pueblo pudiera pronunciarse y, por tanto, a sus espaldas, lo que pondría en entredicho el carácter democrático de nuestro régimen político.
La pura verdad es, sin embargo, que resulta realmente difícil juntar más embustes en una sola afirmación. Y ello porque el pueblo, en esta como en decenas de miles de ocasiones anteriores, se ha pronunciado (¡y ahora de qué forma!) a través de las Cortes Generales, cuando sus dos cámaras, por una mayoría abrumadora, aprobaron la ley orgánica a través de la que se hizo efectiva la sucesión en la Corona.
El contraste entre tal obviedad y las afirmaciones de la extrema izquierda solo puede conducir a una muy inquietante conclusión: que IU, ERC, Amaiur o el BNG no creen que las Cortes, elegidas por la mayoría del pueblo hace dos años, representen a ese pueblo y que, por ello, hablen legítimamente en su nombre cuando actúan dentro de la esfera de sus competencias constitucionales.
Para decirlo claramente: IU, ERC, Amaiur o el BNG están persuadidos de que ellos, que suman 23 diputados en el Congreso, son la voz auténtica del pueblo, condición que niegan, tan tranquilos, a los 301 congresistas que reúnen el PP, el PSOE y UPyD. Con esa manera de contar no habría, claro, ni una sola democracia en el planeta.
La cosa resulta aún más curiosa si se tiene en cuenta que quienes niegan toda representatividad al Parlamento para hablar en nombre del pueblo que lo elige, no emplean, curiosamente, esa forma de razonar cuando las Cortes toman decisiones que comparten. Y así, si el Parlamento legaliza el matrimonio de las personas del mismo sexo, amplía los supuestos de despenalización del aborto o aprueba una ley de memoria histórica que reabre las heridas de la Guerra Civil, no considera la extrema izquierda (yo tampoco, por supuesto) que haya que someter a referendo ninguna de esas decisiones. Pero si las Cortes se limitan a dar cumplimiento a las previsiones constitucionales en materia sucesoria proclaman que se ha cometido un atropello.
El asunto tiene, no lo duden, mucha más trascendencia de la que podría parecer a simple vista. Pues, más allá de monarquías y repúblicas, lo que pone de relieve es que en España hay quienes creen en la democracia representativa cuando las Cortes deciden siguiendo su criterio, pero que afirman, cuando no lo hacen, que el Parlamento burla y traiciona la voluntad del pueblo, que ellos representan, al parecer, con su 10 % de los votos.