El Partido Popular, como está en fase creativa, ha alumbrado una nueva idea para la regeneración política: pactar el momento en que debe dimitir un político que ande en papeles judiciales. Su brillante portavoz, don Carlos Floriano, lanzó ayer la sugerencia como una de las claves para la mejora de la calidad democrática. Y es que el PP está en plena fiebre reformista, como decía ayer un entusiasta periódico de Madrid. Ya llevan tres grandes ideas con vocación de ser la purga de Benito: el alcalde más votado, aforados sin fuero y esto del abandono de cargo público. Iba a escribir que estas ideas tienen de regeneración democrática lo mismo que un huevo de una castaña, pero no me voy a precipitar: lo mismo cualquier día se levanta inspirado otro portavoz del PP y nos vuelve a demostrar que el talento político no tiene límites.
Pero hablemos en serio. El pacto por el momento de la dimisión de un cargo público inmerso en proceso judicial es interesante a efectos de opinión pública. Si se lograra, se obtendría una notable ventaja inicial: cesarían las peticiones de dimisión y quizá los juicios paralelos que se producen cada vez que se publica una simple irregularidad. Ahora bien: ese pacto no se puede ofrecer como una acción aislada, dentro de un paquete genérico o para llenar un programa de supuesta regeneración. Tendría que formar parte de un conjunto de medidas para combatir la corrupción, que cada día es más grave para los españoles, como demuestra la última encuesta del CIS.
Digo esto, porque para muchos ciudadanos, entre los que me cuento, la auténtica regeneración es la que devuelva a la clase política y a las instituciones la dignidad y la confianza que merecen. Y eso empieza por la convicción popular de que en política no se roba, no se enchufa a los amigos, no se utiliza la información ni el poder en beneficio propio y no se adoptan medidas injustas. Eso no se logra por el mero hecho de acordar cuándo se debe dimitir ni con este peregrino razonamiento: como es imposible un acuerdo nacional contra la corrupción, se acuerda cuándo debe cesar el político sorprendido en un posible delito de corrupción.
¿Qué lectura se podría hacer de ese pacto? Una muy injusta, además de grosera: a los políticos actuales les interesa más el morbo de la dimisión de un compañero que ha delinquido que el hecho de que se cometa el delito. O bien esta otra: los dirigentes dan por perdida la batalla contra la corrupción y limitan sus iniciativas a la forma de mantener o cesar a los corruptos. Aunque solo sea por estos riesgos, acepte el PP un consejo: reúnase consigo mismo; piense un plan de regeneración serio y auténtico; y mientras no lo tenga, absténgase de marear al personal.