Con la amnistía fiscal del 2012 el Gobierno lanzó este perverso mensaje a la sociedad: los grandes defraudadores pueden regularizar su dinero pagando un tipo ridículo, mientras perseguimos de forma implacable, hasta el último céntimo de euro, a los españolitos de a pie. Pero, hete aquí, oh sorpresa, que se colaron destacados correligionarios del PP como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas y Francisco Granados. También han trascendido los nombres de algunos más, como Oleguer y Jordi Pujol Ferrusola. Solo una minúscula parte del inmenso iceberg de los más de 30.000 evasores fiscales confesos, cuyas identidades se mantienen en secreto. Hay que recordar que esta amnistía se dio el año en el que España estuvo a punto de ser rescatada, los ciudadanos fueron triturados por los recortes y se repetía constantemente que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Mientras tanto, se brindaba una segunda oportunidad a los ladrones. Sí, ladrones porque habían robado el dinero destinado a pagar la educación y la sanidad públicas, como diría Soraya Sáenz de Santamaría de Monedero. De esta lista del oprobio surgió otra de 705 presuntos blanqueadores de dinero, de los que, casualidades de la vida, solo se sabe el nombre de Rodrigo Rato, cuya fugaz detención se convirtió en un espectáculo televisado por orden de arriba. Los ciudadanos que pagan sus impuestos deberían saber quiénes han defraudado y blanqueado, y cómo obtuvieron sus fortunas, si proceden de cohechos y sobornos, sobre todo en un año electoral decisivo, porque hay muchos políticos en ambas listas. La desconfianza hacia las élites políticas, empresariales y financieras sigue creciendo. A nadie le puede extrañar.