Las campañas electorales crean monstruos, descubren aspectos inéditos de los candidatos y sacan vergüenzas a la luz. Esta vez le ha «tocado» a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y le han dado donde más le puede doler, especialmente cuando su reelección está pendiente de un hilo. Le duele a ella y a su partido, porque hay un consenso general en que el PP se juega su imagen ganadora en Madrid y Valencia. Ser desalojado del Gobierno de esas dos emblemáticas ciudades será leído como una derrota general. Y a una de las personas también emblemáticas, la señora Barberá, la acaban de golpear. Se libró de casi todo, empezando por los pagos a Urdangarín, pero difícilmente se puede librar del Ritaleaks colgado en Internet por el partido Compromís: ese medio millar de facturas de gastos que cargó a la caja municipal.
En las facturas hay de todo: gastos perfectamente asumibles, incluso modestos, que la honran por su discreción. Pero basta que haya la media docena de documentos más aireados por alguna televisión para que los interesados en perjudicarla monten la escandalera que empezaron a montar para hablar de lujos, dispendios, derroche o menosprecio del dinero público. Una noche de 600 euros en un hotel es un precio razonable para quien lo puede pagar de su bolsillo. Es una exageración si sale de las arcas públicas y los impuestos de todos. Un almuerzo de 80 euros por comensal es otro precio elevado, pero multitud de ciudadanos lo pagan a diario en restaurantes de postín. Cargarlo a las arcas municipales solo está justificado si se obtuvo de los notables invitados un gran beneficio para la ciudad. Supongo que esa será la justificación de la alcaldesa.
Más allá del contenido concreto de las facturas y de las explicaciones que se darán, hay un hecho cierto: las administraciones públicas no han sido ejemplares en el control del gasto suntuario. Teníamos esa sospecha, pero la Ritaleaks lo ha venido a confirmar. Y no me digan que solamente en Valencia, porque es de temer que ha ocurrido en multitud de corporaciones, en multitud de gobiernos autónomos y naturalmente en la Administración Central. Mientras se apretó al ciudadano, se le ahogó con recortes y presión fiscal, los administradores de la cosa pública predicaban el ahorro, pero llevaban la misma vida y practicaban la misma ostentación.
Y después llaman populistas o demagogos a quienes difunden eso. No, señores: eso no es demagogia; eso es, sencillamente, descubrir la verdad y ponerla al alcance del ciudadano. La demagogia no es comparar el coste de una noche de hotel con el salario mínimo de un mes, ni el coste de un comensal con lo que se regatea en un comedor escolar. La demagogia está en los hechos.