Una de las propuestas centrales de los sindicatos en este Primero de Mayo es la implantación de una nueva prestación para proteger a las personas que sufren con mayor dureza la crisis. Y tienen toda la razón, porque la incipiente salida de la recesión -que no de la crisis- convive con la pobreza laboral y desigualdad social, dejando al margen de ella a varios millones de personas que no tienen ni empleo ni protección social.
Nuestro sistema de protección a las personas desempleadas no estaba preparado para enfrentarse a una crisis tan dura y, sobre todo, tan larga como esta. Además, las decisiones de los Gobiernos, especialmente del de Rajoy, no mejoraron ese sistema adaptándolo a la situación de paro prolongado, sino que lo recortaron, expulsando a mucha gente de la red de protección.
En España hay 1.793.000 hogares con todos sus miembros en paro. Esa situación dramática alcanza la máxima gravedad en los 770.000 hogares en los que no hay ningún ingreso, sea salario, pensión o prestación por desempleo. La desprotección de los desempleados en España es intolerable. Según los datos de la EPA, solo uno de cada tres parados cobra prestaciones de algún tipo, lo que significa que 3.838.639 personas desempleadas están excluidas del sistema de protección.
Lo que hace más indignante esta situación es que la cobertura cada vez peor convive -en realidad, está provocada- por un injustificable recorte de los recursos destinados a proteger a los desempleados. En los últimos años, a pesar de que hay más paro, el gasto en prestaciones se ha reducido en cerca de 8.000 millones de euros para corregir el déficit público. Eso es cortar por donde más duele, en contra de los más débiles.
De ahí la importancia de que se implante esa prestación de ingresos mínimos que formulan los sindicatos, para acabar con esta ignominia social. Una propuesta con objetivos concretos, con criterios prudentes de acceso a la prestación y con un coste económico perfectamente asumible; dirigida a las personas que llevan más de un año inscritas como demandantes de empleo y que no tienen ingresos. En esa situación se encuentran algo más de dos millones de personas -la mitad de ellas mayores de 45 años- que viven en 1,8 millones de hogares, con más de un millón de familias con niños dependientes.
Proteger a estos dos millones de personas con un subsidio de 426 euros mensuales costaría 11.000 millones de euros -menos del 1 % del PIB-, una cantidad ligeramente superior al recorte que han sufrido los recursos destinados a proteger a los parados. Con devolver lo que han quitado, sería casi suficiente.
La propuesta de una prestación de ingresos mínimos es un ejercicio de responsabilidad de los sindicatos frente a quienes los acusan de preocuparse solo de sus afiliados con empleo indefinido. También es una vía contra las propuestas maximalistas que, dada su escasa viabilidad, le sirven de coartada al Gobierno ante su inacción para ayudar a millones de personas que no tienen ingresos.