Hace tres años el debate estaba centrado en la reforma de la Administración Local, como una medida fundamental para reducir el déficit público. La ley que el gobierno aprobó en diciembre del 2013 con el título de «racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», no contentó ni a aquellos que como el presidente de este periódico pedían «cortar por lo insano», haciéndolo extensible al resto de las Administraciones Públicas, ni aquellos que amparándose en una insuficiente financiación, y en la autonomía local, pedían mantener la situación anterior y, en todo caso, reformar la gestión de los ayuntamientos, buscando formas de cooperación entre ellos, o apoyarse en otras Administraciones supramunicipales para financiar servicios como los de carácter social. La crisis económica, había reducido los ingresos (especialmente los urbanísticos) y el gobierno alegaba que la situación de casi el 90 por 100 de los municipios, con población menor de 5.000 habitantes era insostenible para gestionar los servicios mínimos obligatorios. En su lugar proponía que fuesen gestionados por las diputaciones provinciales (frente a aquellos que pedían su supresión), extendiendo este papel a aquellos menores de 20.000 habitantes, que no pudiesen costearse los servicios que precisaban los ciudadanos. Aunque en Galicia la proporción de los municipios menores de 5.000 habitantes es menor, en torno al 63% (199 de 315 municipios), la baja capacidad financiera apoyada en los tributos municipales, y el coste de los servicios y equipamientos, debido a la dispersión de la población en el rural, había derivado ya diez años antes (como en la publicación que dirigió Román Rodríguez para Os Concellos Galegos), en propuestas para la fusión de los municipios, que el propio gobierno autonómico y alguna diputación como A Coruña, hicieron suyas con motivo de la reforma, y que se concretó finalmente en una única fusión, la de los municipios de Oza y Cesuras, apoyada financieramente para la diputación provincial. No hacía, en este sentido, más que reflejar la experiencia de otros países respecto a la reorganización municipal, que aunque con modificaciones posteriores (en España, por decreto) mantenía una estructura municipal de los años 30 del siglo XIX ajena a los procesos de urbanización. En las áreas próximas a las ciudades, en las que se había producido un crecimiento urbano continuo, se habían buscado formas intermedias con la creación de las áreas metropolitanas, para la gestión supramunicipal, y que aquí en Galicia, dio lugar hace poco menos de tres años al Área Metropolitana de Vigo, hoy sumida en el olvido. Frente a la fusión, y la creación de estos entes intermedios (con la vida de incierta de las mancomunidades, en este caso por asociación voluntaria), la cooperación entre municipios, para ofrecer y gestionar servicios y equipamientos municipales comunes parece ser la fórmula con más futuro, en la que no solo tienen que tener un papel los municipios limítrofes (o dentro de comarcas, áreas urbanas o metropolitanas) que decidan voluntariamente cooperar, sino también las diputaciones, que mientras existan, pueden explotar sus posibilidades en la racionalización de los servicios y equipamientos, especialmente en los municipios de menos población, independientemente de la capacidad de la nueva ley para asumir servicios obligatorios que no puedan costear los municipios. Cuando se leen los distintos decretos que el anterior Ministerio de Administraciones Públicas ha ido publicando como apoyo a la labor de las diputaciones provinciales, en la elaboración de sus Planes de Obras y Servicios, nos relacionamos con la demanda de un carácter estratégico de las inversiones, que no respondan solamente a las demandas locales de los municipios, y con el papel que podría tener la Encuesta sobre Infraestructuras y Equipamientos Locales en la selección de inversiones y en la definición de los déficits existentes en los municipios, asociándolos incluso a los costes de los propios servicios y equipamientos que eviten redundancias. Se trata, en definitiva, de jerarquizar los servicios y equipamientos, para abaratar, en coordinación con las Comunidades autónomas el que estos servicios lleguen de forma igualitaria a la población del rural. Cuando, sin embargo, vemos que las déficits de los Ayuntamientos sigue centrándose en pavimentaciones arbitrarias, alumbrados públicos, y algunos abastecimientos y saneamientos, o equipamientos deportivos, vemos que el camino de la colaboración intermunicipal para gestionar servicios y equipamientos comunes (más allá de los servicios de abastecimiento y saneamiento o recogida de basuras en las principales áreas urbanas), no ha comenzado todavía, no sé si por falta de iniciativa de las diputaciones provinciales (aunque en A Coruña hay voluntad en este sentido) o por falta de interés de los propios municipios.
* Carlos Nárdiz es Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos