Bruselas perfila el encaje legal internacional al acuerdo con Turquía, ante el mayor desafío de la Unión Europea desde su creación: el éxodo de refugiados y el no menor de inmigrantes. La combinación de ambos, con la lucha contra el terrorismo en medio, tambalea Schengen, el euro y toda la arquitectura construida sobre la libre circulación de personas.
Siempre han pagado justos por pecadores, y en el asunto de los asilados pasa lo mismo: por cada seis justos hay tres pecadores. Determinados comportamientos de estos impenitentes y el que varios sean inmigrantes económicos y no refugiados está provocando rechazo en sociedades de acogida, recelo con los asilados, subida de los partidos xenófobos y antieuropeos, impopularidad de sus gobernantes y disfunción y división en la UE.
Esa combinación ha llevado al Gobierno sueco a decidir la expulsión de 80.000 acogidos, de los 160.000 que aceptaron en el 2015, por no cumplir las condiciones de tales. Las autoridades plantean una salida voluntaria de los rechazados y otra por la fuerza si con la primera no se cumplen los objetivos. Para esta última están negociando con Afganistán, Túnez, Argelia y Marruecos, países que valoran seguros y no válidos para considerar refugiados a sus nacionales. Y con Suecia van paralelas Dinamarca y Alemania, que han endurecido las condiciones del reagrupamiento familiar, mientras los demás miembros de la UE hacen marrullerías hasta con la alícuota del reparto.
El segundo problema de la pinza es el de los inmigrantes de fuera de la UE. El Reino Unido, que sigue confundiendo Bruselas con el papado, ha anunciado que no dará prestaciones sociales a quienes lleguen con el único propósito de recibirlas, sin ánimo de buscar trabajo, y que desde el 6 de abril expulsará a los trabajadores cualificados extracomunitarios que hayan vivido menos de 10 años en el país y tengan ingresos inferiores a 35.000 libras. Y en una retorsión inaudita, David Cameron ha conseguido como premio por no abandonar la UE excluir también de las ayudas sociales a los ciudadanos de la Unión.
Las medidas contra los que practican la llamada trashumancia de la pobreza, adoptada por otros miembros de la UE y declarada constitucional en Alemania, se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señala en el fallo que «un Estado miembro debe contar con la posibilidad de denegar prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad económica y ejerzan su libertad de circulación con el único objetivo de percibir la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia».
El fallo es vinculante para los demás países comunitarios, de forma que podrán limitar y condicionar el acceso a las prestaciones sociales en función de la situación laboral, la actividad o la formación de los solicitantes. La jurisprudencia y su aplicación voluntaria puede originar que quienes no la adopten se conviertan en receptores netos de aquellos colectivos que sean expulsados de otros Estados que sí la hayan aplicado.
Una política común y proporcional de acogida, asistencia e integración es, quizás, la mejor solución para evitar guetos, mafias y bloques separados de una misma sociedad multiétnica como es ya la europea. Es lo que también viene a decir el informe alemán, que justifica la medida contra los abusos en «los problemas que puede acarrear este fenómeno si no se pone coto al fraude, tanto por parte de los inmigrantes como de los empresarios que los explotan». Europa debe mantenerse abierta hacia dentro sin aislarse hacia fuera, porque sin solidaridad de los 28 la UE corre peligro de muerte.