Ha bastado con que la aparente victoria que el independentismo parecía haber obtenido hace hoy una semana se haya transformado en un fiasco estrepitoso, que sonroja incluso al más contumaz secesionista, para que, de pronto, muchas de las llamadas a derrotar el golpe de Estado que ha dado la Generalitat a lomos de una insurrección popular por ella jaleada, organizada y financiada, se conviertan en apelaciones al espíritu de concordia y la cordura, cosas ambas que, supuestamente, los defensores del Estado de Derecho habríamos olvidado en el fragor de la batalla.
Pues me van a permitir que niegue rotundamente la mayor. Descalabrado, por su indecencia y mendacidad, el relato con que el separatismo creyó salir victorioso el 1 de octubre (el referendo convertido en un tosco pucherazo; la represión policial haciendo aguas entre fotos trucadas, mentiras de todos los colores y cientos de heridos que se esfuman de la noche a la mañana; y, como colofón, la España ladrona recibiendo a las empresas que huyen, como de la lumbre, de una posible secesión) lo que ahora toca, haya o no el martes declaración de independencia, es reponer la legalidad constitucional que ha sido conculcada y llevar ante la Justicia a la dirigencia política y social secesionista, única responsable de la mayor crisis constitucional que ha vivido nuestro país desde la recuperación de las instituciones democráticas.
Y toca hacerlo no por revanchismo sino por dos motivos muy distintos, ambos tan obvios que se refuerzan entre sí: porque la sociedad civilizada, que se basa en el respeto de todos a la ley, desaparece cuando salen impunes quienes han cometido crímenes gravísimos cuyas víctimas se cuentan, como ahora, por millones; y, muy relacionado con ello, porque solo si queda claro que el aventurerismo criminal de los Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía no va a ser retribuido con ningún tipo de ventaja por quienes tienen la obligación jurídica, política y moral de sancionar la sedición podremos aspirar a que la pesadilla provocada por este nacionalismo antediluviano no vuelva a repetirse.
Los que exigimos que se cumplan las leyes y no se premie en forma alguna a quienes las han pisoteado confiando en que solo así podrían alcanzar sus objetivos somos aquí los auténticos defensores de la cordura y la concordia. Porque la verdadera cordura consiste en respetar las reglas democráticas tal y como quedan fijadas en las leyes, que todo el mundo debe cumplir, pero que los poderes públicos deben además hacer cumplir. Porque la concordia consiste en unir a los ciudadanos de cualquier región de España y no en dividirlos en bandos irreconciliables; y en fomentar la convivencia entre todos los españoles, sea cual sea su lugar de nacimiento. Contra eso llevan años trabajando los separatistas. Es hora ya de dejar de recompensárselo con más poder y más dinero.