El 23 de enero se publicó la resolución por la que se proponía a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y el 25 se fijó la fecha de la sesión plenaria para el debate del programa y votación de la investidura. El 27 por auto del Tribunal constitucional, con motivo del recurso interpuesto por el Gobierno, se suspendió cautelarmente la sesión de investidura en cuanto no sea presencial y en todo caso sin autorización judicial al candidato, vigente orden judicial de busca y captura, y se dio un plazo de diez días, ya rebasados, para que los interesados pudieran presentar alegaciones. El president del Parlament ha paralizado sin más la sesión, para lo que puede ampararse, cualquiera que sea su ostensible opinión política, en que el tribunal no ha resuelto el recurso del Gobierno. De otra parte, el parón impide que empiecen a correr los dos meses para elegir presidente, como confirmaron los informes de los letrados.
El legitimismo a ultranza de Puigdemont está haciendo difícil encontrar un candidato que pueda formar un Gobierno nacionalista. A diario se da cuenta de idas y venidas, de propuestas variopintas de las fuerzas que apoyaron la candidatura del residente en Waterloo, como el esperpento de una doble presidencia. Podrían servir de entretenimiento, si no fuera porque nos encontramos ante un problema profundo que está lejos de estar resuelto. Quienes aprobaron la declaración de independencia, real o simbólica según sus declaraciones, tienen la clave para salir de este compás de espera; pero los intereses se entrecruzan, sin que se haya encontrado una solución pragmática, que no tizne proclamadas fidelidades y salve la amenaza de que los fieles de Puigdemont fuercen a unas elecciones. Al parecer no acaban de tener como prioritario acabar con la aplicación del que consideran abominable artículo 155.
En ocasiones, el tiempo resulta eficaz para encontrar soluciones a un problema; pero cuando es excesivo puede frustrarlas y ahondarlo. ¿Hasta cuándo ha de esperarse? Bastaría confirmar al president del Parlament el apoyo a otro candidato que forme un gobierno; sería lo razonable. También desde el interés general para volver a la normalidad. El 155, legítimo, es excepcional. Aunque haya de seguirse gobernando con iniciativas como las anunciadas en relación con el aeropuerto de Girona, las que susciten una pugna ideológica han de tener una apoyatura de ley, no fácil, o serán contrarrestadas por el futuro gobierno nacionalista si se forma.
En todo caso, está pendiente que el Tribunal Constitucional admita el recurso interpuesto por el gobierno; se suspendería automáticamente la candidatura de Puigdemont. Discutible decisión si no se alcanza unanimidad, ahora o al fallar sobre el fondo dentro de unos meses y tan política como utilizar el tiempo para no resolver; ninguna novedad. El Presidente del Parlament carecería de amparo legal para no formular otra propuesta. El impás se habría superado.