Supongo que algún medio informativo habrá acudido al registro a comprobar los números de la sociedad creada por Pedro Duque y su esposa, actual embajadora de España en Malta. Y pueden ocurrir dos cosas: que esa sociedad solo haya tenido los ingresos de los alquileres de una de las casas, como dijo el ministro, o que haya servido para camuflar ingresos personales. En el primer supuesto, a Pedro Duque no se le puede reprochar nada: no es fraude, ni nada parecido tratar de optimizar impuestos. Todo el mundo trata de hacerlo y la ley lo permite. No hay por qué aplicarle el listón ético de Pedro Sánchez, porque el presidente habló de sociedades instrumentales para pagar «la mitad de los impuestos», y no parece el caso. En el segundo supuesto estaríamos en una repetición del episodio Màxim Huerta: un fraude fiscal, con la diferencia de que a Màxim lo condenó una sentencia judicial. No parece que sea ni de lejos la situación de Pedro Duque, porque Hacienda inspeccionó todas o casi todas las sociedades instrumentales en busca precisamente de ese fraude.
Este es un comentario provisional basado únicamente en las torpes explicaciones que el ministro dio ayer a la prensa. Digo «torpes», porque Pedro Duque no se distingue por su brillantez oratoria, ni domina el lenguaje jurídico, ni siquiera la jerga política e hizo una declaración donde lo único que quedó claro es que no sabía muy bien de qué hablaba. El recurso de refugiarse en el «consejo de alguien» para constituir la sociedad es demasiado infantil, aunque haya sido verdad. La disculpa de vivir mucho en el extranjero y tener la garantía de recibir las comunicaciones es de una ingenuidad pasmosa. Y, en general, la explicación produjo, más que nada, compasión. Pero al ministro Duque no se le puede juzgar por su elocuencia, sino por los hechos. Elocuente es, por ejemplo, la ministra de Justicia, pero los hechos la condenan.
Y dicho eso, pido un respeto para Pedro Duque. Estamos ante una de las personalidades científicas más prestigiosas del mundo. Es un lujo tenerlo en el Gobierno, donde con toda probabilidad pierde dinero. ¿Y vamos a verlo sometido a un feroz castigo solo porque la oposición política quiere erosionar al presidente? ¿Vamos a verlo sometido a una censura agobiante de la opinión publicada, como si fuese un chorizo de tres al cuarto o hubiera practicado evasión de capitales? Y una pregunta más: si es inocente, pero se le persigue de forma inquisitorial, ¿qué persona de su categoría aceptará en el futuro un puesto político? Este cronista, desde luego, mientras no haya más datos que demuestren la existencia de fraude, se niega a participar en esta pena de muerte civil.