Lo dicen las estadísticas, siempre frías. Cada semana, los trabajadores gallegos hacen una media de 210.000 horas extras que luego no se reflejan en su nómina. En España, la bolsa de fraude supera los tres millones de horas. Tantas, que si fuese posibles agruparlas y regularizarlas aflorarían cerca de 75.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo, con sus correspondiente cotización a la Seguridad Social, que no anda precisamente sobrada de recursos.
De ahí el interés de la Administración en obligar a todas las empresas a llevar un registro de jornada. Lo intentó primero la Inspección de Trabajo, pero el Tribunal Supremo le paró los pies, alegando que la ley no amparaba la exigencia de esos controles de horarios, aunque a renglón seguido invitaba a realizar una reforma que diese a los trabajadores algún instrumento para probar cuántas horas trabajan de más.
Lo tendrán a partir de mayo, y será entonces cuando se pueda evaluar la efectividad real de las medidas aprobadas ayer, en el tiempo de descuento, por el Gobierno. Aunque dejando el diseño del registro horario en manos de las empresas y limitando las sanciones por incumplirlo no parece que vaya a ser fácil acabar con el descontrol de jornadas.