La Causa Especial núm. 3/20907/2017, en la que se juzgaba a los independentistas catalanes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y pertenencia a organización criminal, fue sentenciada ayer con doce condenas, siendo la mayor la «pena de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta -impuesta a Oriol Junqueras- como autor de un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía».
En mi opinión estamos ante una sentencia muy dura, jurídicamente aquilatada y cautelosa, y difícilmente revisable. Y por eso creo que el fallo del Supremo cumple todos los requisitos exigibles para este momento de tribulación y desconcierto en el que es más importante la pedagogía que la pena. Y la pedagogía dice que la ley se impone de forma inexorable; que el Estado democrático tiene recursos para frenar y castigar las ocurrencias políticas que van contra la unidad nacional descrita en la Constitución; y que en un país libre y avanzado no caben las audacias de listos y listillos que, prejuzgando la debilidad del Estado, pretendían montar una revolución barata y segura, programada y ejecutada desde el propio poder del Estado. Y hasta aquí las virtudes.
Los peros, en cambio, son cuatro. El primero, que habiéndose iniciado el proceso en un tono de máximos, que motivó una larga prisión preventiva, nos queda la sensación -jurídicamente inocua, pero políticamente utilizable- de que el globo se desinfló al final, y que la presión ejercida desde Cataluña fue pagada con cierta benevolencia. El segundo, que todo apunta a que la búsqueda de la unanimidad -que denotaría más complejos políticos que problemas estratégicos- ha favorecido a los ahora sediciosos, cosa que yo mismo anticipé el pasado día 10, cuando avancé este lío con todas las letras: «Estamos aceptando como algo normal que el TS vaya limando asperezas, y ajustando a la baja los considerandos y veredictos, para que, en vez de producir una sentencia que se considere formal y legalmente justa, se dicte una sentencia unánime… Mi opinión es que, si la unanimidad de la sentencia del procés se estuviese trabajando políticamente, funcionaría como un privilegio -pequeñito, claro- de los dirigentes independentistas».
Tercer pero, que las penas de cárcel, en mi opinión desmesuradas, ocultan, o convierten en penas accesorias, los 13 años de inhabilitación absoluta; una pena justa y necesaria, que se pudo dictar desde hace cuatro años, sin engorrosos debates jurídicos, y con aplicaciones tan fáciles como útiles, si estos delincuentes hubiesen sido condenados en tiempo y forma por prevaricadores continuos, que es, en esencia, lo que son. Y cuarto pero, que detrás de la justicia carcelaria nos espera un debate interminable sobre los beneficios penitenciarios y los posibles indultos, que, diga lo que diga el Gobierno, presagian un caos poco ejemplar e interminable que nos impedirá salir del pozo antes de dos lustros. Por lo demás, todo bien, gracias.
