Quede claro, de entrada, que estoy radicalmente en contra del derecho de autodeterminación y que, hasta hace poco, los separatistas escondían bajo el eufemismo del llamado «derecho a decidir». El futuro de España corresponde exclusivamente al conjunto de los ciudadanos españoles y no solo a una parte de ellos. Así lo establece la Constitución y el derecho internacional. Y el sentido común.
Por ello, que nadie interprete mal el título de este artículo. Lo que quiere poner de relieve es que estamos ante un problema, fundamentalmente, entre catalanes. No entre Cataluña y España.
España, gracias a la Constitución y los estatutos de autonomía, ha sabido construir un marco político que permite altísimas dosis de autogobierno, incluyendo la sanidad y la educación (sin parangón en países federales), la protección y promoción de la lengua y la cultura específicas de aquellas comunidades que lo han reivindicado, y el respeto y protección de sus símbolos específicos, así como su proyección hacia el exterior.
Obviamente, no sin defectos. Pero salvables en el marco constitucional y sobre la base de la lealtad institucional propia de las estructuras cuasi-federales de nuestro Estado autonómico.
Una lealtad que tiene que ser bidireccional. Y así se ha mostrado desde los diferentes gobiernos de España. Pero, en cambio, no desde algunos gobiernos autonómicos y, en particular, desde los gobiernos y las instituciones de la Generalitat de Cataluña. Me remito a la reciente sentencia del Tribunal Supremo o a lo que estamos contemplando, estupefactos, estos últimos días.
España, en su conjunto, a través de sus instituciones democráticas, poco más puede ofrecer. Evidentemente, desde la lealtad recíproca, hay que hablar de financiación autonómica o de infraestructuras. Pero no puede renunciar al cumplimiento de la ley ni a la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos. Por ello, el diálogo puede ser bilateral, pero los acuerdos deben ser multilaterales.
Sin embargo, es obvio que estamos ante un problema político de enorme magnitud: casi la mitad de los ciudadanos de Cataluña creen que la separación podría ser la solución a los retos que la sociedad catalana tiene que afrontar. Que son enormes, pero no sustancialmente distintos de los que tienen que afrontar España en su conjunto, la Unión Europea o la comunidad internacional. Y hay otra mitad, hasta ahora mayoritaria, que considera esencial la pertenencia a España y a la Unión Europea.
Y eso exige, sin duda, diálogo. Pero un dialogo, sobre todo, dentro de la propia sociedad catalana y en el marco de sus instituciones de autogobierno, que permita superar el coste más trágico de todo este proceso: el terrible desgarro interno y la pérdida de la cohesión social. Mientras el separatismo no asuma que ese coste es inasumible y que hay que trabajar por recuperar la cohesión y superar la división, no habrá auténtica solución.
Si y solo si se asumiera esa condición, cabrá la generosidad y la altura de miras. Desde la propia Cataluña y desde el conjunto de España.
No le pidamos, pues, al conjunto de España lo que tiene como condición previa y deseable un consenso entre los propios ciudadanos de Cataluña. Y, mientras tanto, solo cabe garantizar el cumplimiento de la ley y proteger y arropar a los ciudadanos que, en Cataluña, no comparten este despropósito. Y que merecen todo el apoyo y la plena solidaridad de todos los españoles.
